¿A quién beneficia y a quién perjudica una reforma laboral?

El tópico “reforma laboral” provoca reacciones encontradas en las autoridades políticas. De hecho, en una misma semana el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, pasó de negar rotundamente la posibilidad de una modificación en la normativa que regula esas relaciones a abrirle la puerta aunque con la aclaración de que cualquier reforma “deberá hacerse con el consenso del empresariado y de los trabajadores”.
Quizás por aquello de que “el que se quema con leche, ve la vaca y llora”, el grueso del movimiento trabajador argentino observa con desconfianza un eventual cambio en las prerrogativas actuales, y los antecedentes más recientes en ese sentido (la década menemista) justifican esos resquemores.
Con el correr del tiempo, la situación fue cambiando y muchos derechos volvieron a su vigencia. Incluso, algunos más pudieron alcanzarse. El proceso deparó, sin embargo, el crecimiento de algunas situaciones abusivas e injustas, donde muchos de los que pretendían brindar trabajo se veían afectados -entre otras cosas- por presiones sindicales ilógicas o por reclamos de empleados en el marco de una “industria del juicio” que se creó en la esfera laboral.
Hoy por hoy, quienes determinan las políticas de Estado a nivel nacional buscan herramientas que permitan mejorar los índices de desempleo y generar crecimiento económico. En ese sentido, varios estiman imprescindible quitarles cargas a los empresarios a fin de que éstos ofrezcan puestos de trabajo sin el miedo de ver afectado su negocio por reclamos de los trabajadores o sus representantes. De lo que no se habla demasiado es que esos mismos empresarios reclaman hace tiempo y como prioritaria una reforma impositiva que alivie sus costos fijos.
Lograr un equilibrio entre derechos y obligaciones de trabajadores y empleadores es un punto siempre esquivo. La solución deberá dar confiabilidad al empresariado pero sin perjudicar a los trabajadores.