Abogados analizaron el conflicto por el río Atuel

Edmundo Calle y Daiana López, abogados del Instituto de Derecho Ambiental, se refirieron en FM Vos (91.5) a la documentación vinculada a ese organismo que avala la postura de Mendoza respecto del conflicto por el río Atuel con la provincia de La Pampa.
Recientemente, nuestro diario dio a conocer la manera en que se aplican las llamadas “reglas de Helsinki” al conflicto por el Atuel, las cuales se refieren a los usos de las aguas de ríos que atraviesan más de un país o, como ocurre en Argentina, más de una provincia.
Al respecto, la doctora López explicó que desde su creación en los años 60, esas reglas han tenido modificaciones, relativas siempre a la incorporación de problemas ambientales y de Derechos Humanos. A nivel internacional se exponen lineamientos normativos en materia del reparto equitativo en el uso de las aguas (específicamente de las superficiales), pero entiende tanto en aguas superficiales como subterráneas. En estos conflictos que pueden surgir se incluyen aquellos ríos que son binacionales o birregionales, es decir, entre países, o donde el río pasa por más de una región (como es el caso Mendoza y La Pampa).
El uso de las aguas –sean nacionales o internacionales– debe ser siempre fiscalizado por leyes que están relacionadas al uso equitativo y razonable respecto de su utilización con el desarrollo, ya que el agua es vital.
El doctor Calle agregó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló respecto de este tema, aunque “no está definitivamente resuelto, de hecho, seguimos con las complicaciones propias de cada conflicto”. Es allí donde se hacen fundamentales las reglas de Helsinki para sostener la postura de nuestra provincia. “Uno de los principales problemas es la determinación de si el Atuel es transfronterizo o no, porque Mendoza consideraba que es un río mendocino, que no le pertenecía a La Pampa, pero la Corte resolvió que el río es interprovincial y ordenó a las dos provincias que lleguen a acuerdos en la forma de distribución del agua.
Debe tenerse en cuenta de las reglas el término de “administración del agua”, incluyendo el desarrollo, uso, protección, regulación y control, sin obviar la cantidad y la calidad. Esa administración debería ser integral y conjunta (considerando las aguas superficiales como subterráneas de una cuenca hidrográfica), e integrar el principio de sustentabilidad.