Abren oficina para sumarios a empleados públicos: “Buscamos corregir la conducta, no una cesantía”

La Oficina surge a partir del nuevo régimen sancionatorio que fue aprobado a instancias del Poder Ejecutivo en la Legislatura provincial

Con el fin de agilizar el proceso de investigación a empleados públicos acusados por alguna falta fue creada la Oficina General de Sumarios. Al respecto, el subsecretario de Gestión Pública y Modernización del Estado de la Provincia, Ulpiano Suárez, conversó con FM Vos (91.5).
La Oficina surge a partir del nuevo régimen sancionatorio que fue aprobado a instancias del Poder Ejecutivo en la Legislatura provincial en octubre de 2018. “El lunes se publicó el decreto que reglamenta esta oficina. Va a centralizar el trámite de todos los sumarios administrativos del ámbito del Ejecutivo y otros organismos. Se incorpora una etapa de información previa de 30 días, para ver si hay elementos que justifiquen el sumario”. La idea es que los trámites, que en promedio duraban cinco años, no excedan los 150 días.
El funcionario comentó que “al comienzo de la gestión no teníamos un registro de cantidad de bajas por faltas disciplinarias. Por dos años y medio hicimos auditorías y determinamos gran cantidad de sumarios de la gestión de Celso Jaque, cerca de 340, también 300 de la gestión de Francisco Pérez que no estaban resueltos”.
Suárez señaló que “no se han modificado plazos que puedan perjudicar al trabajador ni se han incrementado sanciones, lo que buscamos con esta oficina, que solo va a investigar y no a sancionar, es que se tramite en un plazo menor”. Habló de lo injusto que es para un empleado tener 3 o 4 años un sumario dando vueltas. “Si no todo da lo mismo y entendemos que no debe dar lo mismo ser un buen o mal empelado, si hay alguien que comete un error o una falta tiene que tener una investigación ágil”.
Hay unos 900 sumarios en existencia, lo que es menos del 1 por ciento del total de la planta de personal. “La gran mayoría son buenos empleados. Buscamos corregir la conducta y no una cesantía o baja del empleado público”, aseguró Suárez, que informó que la actual gestión decidió 300 cesantías, 200 por personas que no iban a trabajar y faltaban más de seis veces en seis meses. Otras causales son casos aislados, “como un empleado que usó datos de la tarjeta de un ciudadano que fue a hacer un trámite, adulteración de certificados médicos”, aunque la causal común es inasistencia injustificada. “Si llegamos con un apercibimiento en tiempo y forma evitaremos que reincida y evitaremos la baja”.