Acciones gubernamentales cómplices y funcionales a la absurda causa mapuche

La falta de reconocimiento por parte la comunidad mapuche en Chile a la Soberanía de ese país y Argentina sobre territorios que consideran “de su propiedad”, se profundizó en los últimos días con una polémica que involucró a la ministra del Interior del vecino país, Izkia Siches Pastén, nombrada por el flamante presidente trasandino, Gabriel Boric.
Para tomar dimensión del cargo, el Ministerio del Interior es el organismo más importante dentro del organigrama gubernamental de Chile. Y su nueva titular, de acuerdo a varios registros periodísticos, no tardó en ser protagonista de varias noticias en los últimos días, como por ejemplo haber utilizado el término “Wallmapu” para referirse a la Región de la Araucanía y parte del Bío-Bío.
“Wallmapu” es el nombre que los mapuches le asignan a “su territorio ancestral” dentro de Chile y Argentina. Está comprendido – siempre de acuerdo a lo que ellos sostienen – por “Gulumapu” (tierra mapuche del oeste, sobre Chile) y “Puelmapu” (tierra mapuche del este, sobre Argentina).
En base a esa distribución, los mapuches llaman “Puelmapu” a la superficie que corresponde a San Carlos y todo el Sur de Mendoza, sur y centro de San Luis, sur de Córdoba y Santa Fe, casi toda la provincia de Buenos Aires, Neuquén y La Pampa.
Dentro del “Wallmapu” no reconocen la Soberanía de Chile y Argentina y – en ese contexto – han protagonizado decenas de sucesos violentos que han atentado contra el orden institucional de ambos países.
Pese a esa grave situación, es por demás llamativo que ninguna de las autoridades de ambos países reaccione ante este avance que se advierte por parte de una comunidad dispuesta a todo.
En Chile, su propia ministra del Interior ignora la Soberanía de su país sobre dos regiones como las de Araucanía y Bío-Bío, mencionando la zona con el término que utilizan los mapuches. Pero la situación en el vecino país va más allá, ya que la cuenta oficial del Gobierno de Chile en Twitter también refirió a “Wallmapu” para promocionar una recorrida de funcionarios gubernamentales.
Del lado argentino no solo la inacción es preocupante sino los antecedentes que incluyen búsqueda de beneficios para quienes promueven la causa mapuche. En este contexto, el canciller Santiago Cafiero no se ha pronunciado por este avance en el desconocimiento de la soberanía nacional, lo que llama poderosamente la atención.
Hay otro antecedente que resulta todavía más alarmante y ocurrió en el 2021. El embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, fue enviado por el Gobierno Nacional como “promotor” de la libertad condicional de Jones Huala, líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y condenado a 9 años de prisión por un ataque incendiario contra una estancia habitada en el sur trasandino. La Comisión de Libertades Condicionales de la Justicia chilena no hizo lugar al planteo de Huala, entre otros puntos, por sus antecedentes de fuga y no reconocer los daños causados. Sí, el principal representante argentino en el vecino país buscó interceder ante la Justicia para beneficiar a Huala con su excarcelación.
Pero si algo le faltaba a esta absurda situación es el financiamiento internacional que tiene la causa mapuche en Argentina y Chile. Hablamos de la ONG “Mapuche International Link” con sede en Bristol, ciudad sureña de Inglaterra.
Las principales actividades de “Mapuche International Link” tienen que ver con la difusión y defensa de los intereses mapuches a nivel internacional, a la que vez que se plantean como un ente articulador entre las organizaciones presentes en Chile y Argentina.
Si bien no lo hacen oficial, a “Mapuche International Link” se le atribuye haber costeado numerosos sucesos violentos en el sur de Chile y en la Patagonia argentina. Pese a esto, aún no existe una fuerte decisión política de ambos países para determinar quién está detrás de la poderosa organización, y de dónde provienen los fondos para financiarla.