Primero fue una contratación directa; luego, una licitación pública. Todo en poco tiempo y envuelto en una importante polémica, con denuncias por presuntas irregularidades en los procesos que derivaron en la adjudicación, la semana pasada, de los servicios médicos del Parque Provincial Aconcagua.
La Fiscalía de Estado tomó cartas en el asunto y si bien avaló los trámites legales y técnicos, pidió que tanto el Tribunal de Cuentas como la Oficina de Ética Pública intervengan e investiguen los procesos.
Todo comenzó tras una presentación realizada por una de las empresas que participó de la licitación y que acusó a la Secretaría de Ambiente de direccionar la operatoria para favorecer a X-Medicina, la firma que inicialmente fue contratada en forma directa para trabajar en el Coloso de América, entre el 25 de noviembre y el 20 de diciembre.
Después, X-Medicina también se quedó con el proceso plurianual para prestar los servicios médicos durante los periodos 2022-2023, 2023-2024-2025 y 2025-2026. “El servicio comprende las tareas de prevención, atención y control clínico de los ingresantes al Parque Provincial Aconcagua”, resaltaba el pliego.
El organismo de control que lidera Fernando Simón emitió dos dictámenes. El 26 de diciembre dio el ok para avanzar en la licitación pública porque observó que el procedimiento se llevó adelante conforme a las normativas vigentes, pero efectuó observaciones y recomendaciones. El Gobierno no las tomó para nada en cuenta, ya que ese mismo día adjudicó la licitación de los servicios médicos del Parque Provincial Aconcagua por cuatro temporadas.
Uno de los puntos controvertidos es el cobro de las prestaciones a los particulares cuando no se trata de emergencias. A diferencia de anteriores licitaciones, ahora se autorizó al adjudicatario a cobrar las prácticas médicas por fuera de las necesidades de atención de urgencia, razón por la cual el denunciante sospechaba de un negocio sin control estatal detrás de esa adjudicación.
“Se sugiere que ya sea en el contrato de adjudicación o en reglamentación posterior, se establezcan en forma clara y precisa las previsiones necesarias para evitar que el ejercicio de las facultades otorgadas… de lugar a abusos, compras innecesarias, desvío de insumos, connivencias y/o sobreprecios”, aconsejó la Fiscalía de Estado.
En tal sentido, finalmente se resolvió que la empresa deberá presentar ante la Dirección de Recursos Naturales Renovables (DRNR) la propuesta de las prácticas para llevar a cabo y registrarse como prestador de servicios, “bajo las condiciones que establezca la normativa vigente”.
El restante dictamen de la Fiscalía de Estado está fechado el 4 de enero pasado, donde concluye que “corresponde” remitir compulsas al Tribunal de Cuentas y la Oficina de Ética Pública para que investiguen posibles irregularidades.
Ese documento oficial, que tomó estado público este lunes, hace referencia a tres aspectos de la denuncia:
- Las sospechas de anomalías en la contratación directa.
- Los supuestos defectos en los pliegos de condiciones particulares de la licitación pública.
- Las presuntas irregularidades cometidas por agentes públicos.
En cada caso, las autoridades del organismo realizaron una devolución. En la primera situación, la empresa denunciante, Medicina de Altura, manifestó que la contratación fue adjudicada a una oferta que no cumplió con los requisitos exigidos, además de invocar probables errores en la consideración de las propuestas. La Dirección de Recursos Naturales de la Secretaría de Ambiente respondió, negando lógicamente las irregularidades.
Como la denuncia fue presentada el 6 de diciembre, luego de que la contratación fuera adjudicada, y que “al momento de la presentación del informe y de las ampliaciones de la denuncia, el plazo contractual ya se encontraba cumplido”, la Fiscalía resolvió que no tenía sentido su intervención al tratarse de un hecho consumado.
“Resulta imposible… solicitar medidas tendientes a revisar o regularizar la situación (suponiendo que las irregularidades denunciadas fuesen ciertas). Tampoco consta en la denuncia ni surge acreditado en autos que se hubiera producido un perjuicio patrimonial cierto al erario público”, sostiene el dictamen. De todas maneras, estimó “procedente remitir las actuaciones al Tribunal de Cuentas”.
La referencia es el artículo 54 de la ley Orgánica del Tribunal de Cuentas (9.292), que afirma: “Cuando en el juicio de cuentas se detecten procedimientos administrativos irregulares por incumplimiento a las disposiciones legales o reglamentarias vigentes y a las instrucciones impartidas por el Tribunal, éste impondrá a los responsables una multa”.
En el caso de la denuncia por el presunto direccionamiento de la contratación directa y de la licitación pública “para favorecer a un oferente determinado” por parte de los responsables oficiales de ambos procesos, la Fiscalía de Estado definió que corresponde “remitir las actuaciones a la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública para su compulsa e intervención a los efectos de evaluar la correspondencia o no de inicio de investigaciones sumariales correspondientes”.
Fuente: El Sol
