Activación del ETI y rápida intervención ante el presunto secuestro de un niño de tres años en Tunuyán

La Justicia de Mendoza investiga un presunto intento de secuestro de un niño de tres años en Tunuyán con el objetivo de venderlo en la provincia de Salta. El hecho ocurrió hace unos días en una vivienda ubicada en el interior del barrio La Tablada, cuando una denuncia al 911 alertó sobre la supuesta intención de llevarse al menor por la fuerza fuera de la provincia.
Según consta en el parte policial, los tres involucrados ya habrían planificado el traslado del niño, sin la autorización de su madre biológica, una adolescente de 18 años. Las primeras averiguaciones determinaron que los aprehendidos tenían todo dispuesto para sacar al menor de la provincia. Ante esta situación, desde la oficina fiscal en turno se dispuso la aprehensión de los adultos, además de la intervención del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) y del personal de la Dirección General de Investigaciones.
«La denuncia fue realizada por la propia madre del niño ante el Ministerio Público Fiscal y activó de inmediato el protocolo de protección infantil. La intervención fue clave. Actuamos rápido porque el niño estaba en riesgo inminente. El menor se encontraba con su abuela, una figura familiar para él. El hecho de que estuviera con ella no disparaba, en principio, indicios de peligro. La justicia se encuentra investigando la dinámica familiar y la veracidad de la denuncia, con las personas denunciadas y actualmente detenidas», explicó la doctora Jessica Benítez, directora de Protección y Restitución de Derechos del Niño de la provincia.

La importancia de la denuncia y el rol del ETI
Ante la conmoción que generó el caso, Benítez enfatizó la importancia de la denuncia. «Si no se denuncia, los casos no llegan al sistema de protección ni a las esferas de la justicia. Tanto el ámbito judicial como el de protección actúan de oficio, cualquier ciudadano, no solo los funcionarios, tiene la obligación de denunciar si un niño, niña o adolescente se encuentra en riesgo. No podemos mirar para el costado si un menor corre peligro», expresó.
«Gracias a la rápida articulación entre el 911 y el sistema de protección provincial, se pudo dar una respuesta rápida y efectiva. Tras recibir la denuncia se actuó velozmente», aseguró.

Más de 10.000 legajos activos y cientos de niños en hogares
La provincia de Mendoza cuenta con 18 Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI), uno por cada departamento, encargados de abordar las problemáticas de menores con vulneración de derechos. Estos equipos, conformados por psicólogos, trabajadores sociales, abogados y operadores territoriales, intervienen en situaciones de violencia física, sexual, negligencia o cuando los niños quedan sin figuras de representación.
«Actualmente, la Dirección de Protección y Restitución de Derechos del Niño tiene más de 10.000 legajos activos, lo que significa que se han tomado medidas en más de 10.000 situaciones de vulneración de derechos en la provincia. De esta cifra, alrededor de 600 niños, niñas y adolescentes se encuentran actualmente albergados en los más de 40 hogares distribuidos en la provincia. Estos hogares atienden a menores desde los cero días hasta los dieciocho años», precisó Benítez.
«Igualmente, la mayoría de las medidas se resuelven con la red comunitaria o red familiar, solo un porcentaje menor de niños requiere ser albergado en hogares», aclaró.
«En los hogares, se trabaja en la restitución familiar y, para los adolescentes de 16 y 17 años, el trabajo se focaliza en la autonomía progresiva, brindándoles herramientas para estudiar y poder desenvolverse en la vida, El objetivo es siempre trabajar la dinámica familiar o, en casos de fracaso en la red (según lo establece la ley), buscar la estabilidad de los chicos», completó.