El caso de una familia de Rivadavia que estuvo dos años al cuidado de una bebé y finalmente, la Justicia se la otorgó a otros padres adoptivos, volvió a instalar el debate las dilaciones en el proceso y el interrogante de si realmente se cumple con los 90 días de plazo que marca el Código Procesal de Familia y Niñez.
La denuncia de Marcelo Valot y el reclamo en los tribunales de Familia para que les otorgaran la posibilidad de adoptar a la nena encendió las alarmas en el Poder Ejecutivo y en la Comisión de Seguimiento de los procesos de adopción, que preside la diputada Marcela Fernández, ex Subsecretaria de Desarrollo Social.
Con este caso como testigo, la Comisión busca saber cuántos chicos tienen dictamen de preadoptabilidad y siguen con familias temporarias en lugar de que se concreten las filiaciones.
A tal fin, el Poder Ejecutivo cerró un convenio con la Comisión de Seguimiento de los Procesos de Adopción para llevar al día los listados de los chicos que tienen el dictamen de preadoptabildad.
Esta instancia tiene lugar cuando el juez de Familia agotó todas las instancias en la familia de origen del menor y se descartó que pueda volver a ese ámbito.
“Estimamos que en los próximos 15 días vamos a poder tener el listado completo y ver si se han respetado los plazos o no. También estamos esperando el descargo del juez que se demoró dos años en dar a esta bebé en adopción”, dijo Fernández.
La ex funcionaria provincial reflexionó: “El día que los jueces de Familia sean sometidos a juicio político por su accionar vamos a tener una idea de lo que sufre un niño tanto tiempo en establecimientos pupilos sin tener una familia”.
Fuente: El Sol
