El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, evalúa volver a hablar en conferencia de prensa mientras avanza en la preparación de su estrategia judicial frente a las investigaciones sobre su patrimonio. “Ya lo voy a demostrar”, aseguró a funcionarios de su entorno, en referencia a las dudas planteadas sobre sus bienes y movimientos recientes.
Según trascendió, Adorni trabaja junto a su abogado en la recopilación de documentación para justificar la compra de inmuebles y los viajes realizados en los últimos años. En su entorno sostienen que no habría nuevos elementos que compliquen su situación y que el foco estará puesto en responder ante la Justicia.
En paralelo, el funcionario analiza retomar su rol público como vocero con una conferencia previa a su presentación en el Congreso, donde deberá exponer su Informe de Gestión ante los diputados.
Congreso, causas y una estrategia de silencio
La posible aparición pública se daría antes del 29 de abril, fecha en la que Adorni deberá asistir a la Cámara de Diputados. Allí enfrentará un escenario exigente, con unas 4.800 preguntas formuladas por legisladores, un número récord para este tipo de informes.
Dentro de su estrategia, no se descarta que evite responder consultas vinculadas a las causas judiciales en curso. De hecho, cerca suyo anticipan que podría limitarse a repetir una misma respuesta ante preguntas sobre esos temas, para no interferir en los procesos abiertos.
Las investigaciones están en manos del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, quienes analizan posibles inconsistencias patrimoniales y operaciones inmobiliarias. En ese marco, ya declararon testigos clave, como la escribana que intervino en la compra de propiedades, quien aseguró que las operaciones se realizaron sin irregularidades.
Mientras tanto, en el Congreso la oposición prepara una batería de preguntas centradas en esos puntos. El oficialismo, en cambio, apuesta a sostener una estrategia ordenada que le permita atravesar la exposición sin mayores sobresaltos, en medio de un escenario político que combina presión judicial y disputa parlamentaria.
