Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, cuestionó el posible uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para créditos hipotecarios y alertó por la situación de jubilados y pensionados. La posibilidad de que el Gobierno nacional utilice el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES para impulsar créditos hipotecarios a tasas más bajas generó cuestionamientos desde distintos sectores vinculados a los adultos mayores. Dentro de ese marco, puso el foco no solo en el eventual destino de esos recursos, sino también en la falta de información que, según afirmó, existe desde hace años sobre el estado y los movimientos del fondo.
En diálogo con Diario San Rafael y FM Vos (94.5), Semino recordó que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad fue creado como una herramienta destinada a respaldar al sistema previsional frente a situaciones de crisis. “El Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que recordemos, fue de 100.000 millones de dólares efectivos en el 2008, con la reestatización del sistema. Era el fondo de las AFJP, que habían sido una gran estafa para el pueblo argentino”, sostuvo.
El especialista explicó que el fondo fue constituido primero por decreto y posteriormente mediante una ley, con una función específica: actuar como un mecanismo anticíclico para asistir al sistema previsional en momentos de dificultades. “Ese fondo, en realidad, hasta el día de hoy, había sido constituido, primero por decreto y luego por ley, que había sido constituido como fondo anticíclico, es decir, para asistir al sistema cuando hubiera crisis, como las hubo y las hay permanentemente dentro del sistema”, señaló.
Para Semino, uno de los principales problemas actualmente es la falta de información pública sobre qué ocurrió con esos recursos y cuál es su composición actual. Aseguró que los organismos que deberían controlar el fondo no reciben información desde hace varios años. “Debía publicarse las inversiones, el debe y el haber del fondo, y esto no ocurre. Uno de los organismos que debía ser notificado es mi Defensoría, y ya hace prácticamente tres años que no. No tenemos ningún tipo de informe. Tampoco lo tiene la auditoría y otros organismos de control”, afirmó.
En ese contexto, consideró que la posibilidad de utilizar parte de esos recursos para financiar créditos hipotecarios no resulta necesariamente inesperada, aunque aclaró que después del anuncio realizado desde el Gobierno surgieron versiones que indicaban que finalmente esa alternativa no avanzaría. “Después se desdijeron, pero es muy probable que ocurra. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad se usó para cuestiones diversas, así que no, insisto, no es de extrañar que más allá que se desdigan, así ocurra”, manifestó.
La discusión tiene además un antecedente en el programa PROCREAR, que durante gestiones anteriores destinó recursos a programas de vivienda. Semino señaló que aquella experiencia presentaba una particularidad que consideró paradójica: los mayores de 65 años no podían acceder a esos créditos. “Hubo un programa anterior a la administración, que era muy, muy similar, era el PROCREAR, que eran programas de viviendas. La particularidad, fíjese, ese programa, que tenía estas características, podía acceder cualquier ciudadano que cumpliera la normativa, menos los mayores de 65 años”, recordó.
Semino también se refirió a un informe elaborado durante 2024, cuando Osvaldo Giordano estaba al frente de ANSES. Según explicó, en aquel momento se había informado que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad contaba con aproximadamente 37.000 millones de dólares. “En aquel momento, estoy hablando del 2024, no tan lejos al tiempo, en ese informe se había dado a conocer que había prácticamente 37.000 millones de dólares en fondo”, indicó.
De acuerdo con su explicación, la mayor parte de ese patrimonio estaba constituida por bonos del Estado, mientras que unos 5.000 millones de dólares correspondían a acciones de empresas. “La gran mayoría son bonos, es decir, fueron originalmente préstamos al Estado para cubrir partidas diversas, que eran letras de tesorería convertidas en bonos del Estado. Y una pequeña parte de 5.000 millones de dólares en acciones en algunas empresas amigas del poder, que era lo único, en aquel momento, realizable, es decir, las acciones”, detalló.
Para el defensor de la Tercera Edad, la composición del fondo también dificulta conocer con precisión cuál es su valor real, debido a los distintos vencimientos de los bonos que lo integran. A su entender, esa complejidad no justifica que los organismos encargados de ejercer controles no tengan acceso a la información. “El comportamiento del bono está dado con el valor de los bonos que integran ese patrimonio, que son de diversos vencimientos, con lo cual es un galimatías, y por eso, precisamente, no se da a conocer a los propios organismos que seríamos controladores del fondo”, cuestionó.
Más allá de la discusión sobre los créditos hipotecarios, Semino llevó el eje hacia la situación que atraviesan actualmente los jubilados y pensionados. Consideró que existe un deterioro que no se limita al monto de los haberes, sino que también alcanza el acceso a la salud y a las prestaciones de PAMI. “Los jubilados están en una situación dramática”, afirmó.
En ese sentido, cuestionó el incremento aplicado sobre la jubilación mínima y el hecho de que el bono destinado a los jubilados de menores ingresos permanezca congelado desde marzo de 2024. “Ese reajuste es de 19.000 pesos al mes, es decir, 633 pesos por día, llevándolo a ver con ese otro disparate que es el bono, que está congelado de marzo del 2024, llevaría a 197.000 o a 198.000 pesos. Es imposible subsistir con eso en la Argentina”, sostuvo.
Para Semino, el problema debe analizarse de manera integral porque la pérdida de poder adquisitivo tiene como contracara una creciente dificultad para afrontar gastos vinculados con la salud. “La actual administración tuvo en consideración, y así lo respeto al inicio de su gestión, que iba a haber un ahorro que fundamentalmente estaba dado en lo que es la paralización o reducción de la obra pública y el ahorro en seguridad social. Cosa que está sucediendo, pero que se traslada a la situación del jubilado no sólo en lo que es lo alimentario o lo que es su haber en sí mismo, sino que tenemos un sistema de salud que ya no da respuestas”, planteó.
En particular, describió un escenario crítico dentro de PAMI. Según afirmó, desde la Defensoría reciben diariamente cientos de consultas y reclamos vinculados con dificultades para acceder a prestaciones. “El Instituto Nacional PAMI hoy tiene una crisis monumental”, aseguró.
Semino indicó que reciben “entre 200 y 400 casos por día” y que alrededor del 80% de esas situaciones están relacionadas con graves problemas de asistencia sanitaria. “Tenemos un 80% de esa cantidad de gente que debiera darnos con gravísimos problemas de asistencia a la salud”, expresó.
Entre las situaciones que mencionó se encuentran problemas como “intervenciones quirúrgicas suspendidas por falta de insumos porque no hay pago de los mismos, no tenemos camas de internación”, sostuvo.
El defensor de la Tercera Edad remarcó además que, a partir de su recorrida por diferentes puntos del país, considera que estos inconvenientes no responden exclusivamente a una situación particular de una provincia o región. “Y le digo esto a nivel nacional, porque a veces se supone o supone cada provincia o cada región que es por situaciones propias del lugar. Yo recorro el país y me encuentro con la misma problemática”, explicó.
Como ejemplo, mencionó contactos recientes con representantes de Santa Cruz y Comodoro Rivadavia, donde también encontró situaciones que calificó como dramáticas.
En el caso de Mendoza, Semino hizo referencia a los problemas vinculados con el acceso a medicamentos y a un fallo judicial que, según explicó, lleva aproximadamente un año sin resolver completamente las dificultades denunciadas. “Hace un año que hay un fallo respecto a medicamentos y lo siguen incumpliendo”, afirmó, al referirse a las dificultades relacionadas con los descuentos y la entrega de medicamentos para jubilados.
El dirigente sostuvo que existen incluso decisiones de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza relacionadas con esta problemática, pero advirtió que los problemas de fondo continúan. “Por lo cual tenemos problemas de base muy serios que comprometen la calidad de vida y yo diría la vida del jubilado”, remarcó.
Semino volvió sobre la posibilidad de utilizar recursos de la seguridad social para otros objetivos y vinculó la discusión del Fondo de Garantía de Sustentabilidad con otras iniciativas que también generan interrogantes sobre el destino de esos fondos. Mencionó, en ese sentido, el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y la posibilidad de derivar recursos de la seguridad social hacia un fondo destinado al pago de indemnizaciones. “Pasa algo similar, la derivación de recursos de la seguridad social para el fondo de indemnizaciones”, explicó.
Según planteó, aunque desde el Gobierno se sostenga que los recursos destinados directamente al pago de jubilaciones y pensiones no serían afectados, existe una dificultad concreta para seguir el recorrido del dinero una vez que ingresa a diferentes circuitos financieros. “Ahora, después, la plata es fungible y esto es inverificable, seguir el derrotero”, afirmó.
Semino aseguró que desde su espacio vienen reclamando información y que incluso recurrieron a la Justicia ante la falta de respuestas oficiales. “Yo tengo varios pedidos de informe al respecto y en realidad no nos responde el Estado. Tenemos presentado inclusive un requerimiento judicial de información pública, de negación a la información pública, y bueno, estamos tironeando”, concluyó.
