Las principales cámaras empresarias de Mendoza, entre ellas la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael, expresaron una profunda preocupación ante la reciente sanción en el Congreso de la ley que elimina beneficios fiscales para las Sociedades de Garantías Recíprocas (SGR). La normativa, aprobada el pasado 10 de julio junto con la reforma del régimen de jubilaciones, quita la exención del impuesto a las ganancias y del impuesto al valor agregado a estas entidades, situación que podría restringir de manera significativa el acceso al crédito para pymes en toda la provincia.
En diálogo con Diario San Rafael y FM Vos 94.5, Bernardo Mercado, secretario de la Cámara de Comercio de San Rafael, explicó que la medida afecta directamente el funcionamiento de las SGR, que históricamente han sido una herramienta clave para garantizar créditos a pequeñas y medianas empresas. “Han quitado, entre unos de sus artículos, del artículo 10, la exención de impuesto a las ganancias e IVA a este tipo de sociedades que tienen su constitución hace más de tres décadas, y pone un poco en velo la posibilidad de seguir garantizando operaciones de crédito financiera, descuentos de cheques y financiamiento del mercado de capitales”, detalló Mercado.
El dirigente precisó que actualmente existen más de 80 sociedades de garantías recíprocas en el país, conformadas por aportes del sector privado, incluyendo bancos. “Con esos aportes que están eximidos en impuesto a las ganancias, garantizan a productores, a empresarios, a pymes, a créditos que toman en las entidades bancarias, o en entidades de mercado de valores”, remarcó.
Según los datos aportados, estas sociedades han atendido en un año más de 100.000 certificados de garantía, movilizando alrededor de 2,85 billones de pesos en créditos. “Por lo tanto, hay una preocupación porque mueven aproximadamente en este año 2,85 billones de pesos en este tipo de crédito, y a su vez cumple un poco un déficit que tiene la Argentina, que el crédito, el sector crédito dentro de la República, representa alrededor del 6%. Cuando en países vecinos están arriba del 40, o Chile, por ejemplo, casi el 100”, expresó Mercado.
Desde el sector privado se teme que la eliminación de estos incentivos fiscales reduzca el alcance de las garantías otorgadas, afectando de forma directa la capacidad de financiamiento de las pymes. “Va a restringir un poco la capacidad de financiamiento que tienen las empresas privadas, especialmente las pymes, conforme existan exenciones, va a producir posiblemente un acotamiento a este régimen de garantías en cuanto a los montos”, sostuvo.
Si bien el Gobierno nacional ha anunciado que podría vetar parcialmente la ley, la incertidumbre persiste. “Está bien que creemos que el Gobierno de la Provincia, de la Nación, ha anunciado un veto, pero puede ser parcial, y si es parcial hay que ver lo que queda”, planteó Mercado. “Perderíamos una herramienta de financiación importante y adecuada para esta época, y esperemos que eso, si el veto es total, va a quedar de alguna manera en stand-by”, añadió.
Respecto a la relación de esta medida con el sistema jubilatorio, Mercado opinó que el impacto fiscal sería muy limitado. “El recurso que podrían generar estas exenciones no llega al 5% del total del financiamiento anual que produce este aumento a los haberes jubilatorios. Entendemos que es mínima la incidencia que tiene, pero por otro lado sí maximiza todo el área de créditos que permite inversiones, y si hay inversiones genuinas, como es la expansión que produce el crédito, genera empleo”, indicó.
Además, señaló que no se trata de una inquietud exclusivamente mendocina, sino que otras entidades del país comparten la preocupación. “Han pronunciado varias cámaras a nivel nacional de mayor peso, como ha sido la Unión Industrial Argentina y cámaras territoriales de la provincia de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires. Hay una preocupación general y que de alguna manera entiendo que la política, sea de cualquier poder, la tiene que leer”, expresó.
Desde la Cámara de Comercio aclararon que su función es visibilizar el problema, pero que su capacidad de resolución tiene límites: “Nosotros podemos llegar hasta ahí, presentar el tema, gestionar, pero no lo resolvemos. Y eso tiene que quedar muy claro”.
Asimismo, Bernardo Mercado también ofreció un análisis sobre el funcionamiento actual del crédito en Argentina. “El sector de crédito es muy escaso, el volumen de crédito por todos los procesos inflacionarios, etcétera, es escaso”, explicó. “Nosotros tenemos un promedio entre 24 y 36 meses de los plazos de los créditos, cuando en Chile, por ejemplo, el promedio son 10 años”.
En esa línea, recordó que la expansión del crédito tiene un impacto directo en el empleo y el desarrollo económico: “La dinámica que produce el crédito como expansión económica en las distintas regiones es importantísima como escala, y a su vez que genera también empleo, esos empleos también formales, también hacen sus aportes y también robustecen las cajas que son las que hoy, la caja jubilatoria que son las que hoy más sufren”.
El dirigente también hizo referencia a la situación previsional actual: “Más de dos tercios de los jubilados actuales no tienen los aportes regulares que exigen, no lo tienen por una moratoria que ha sido bastante barata y eso produce el desfinanciamiento de las cajas.”
Finalmente, Mercado destacó la importancia de no perder una herramienta que ha demostrado ser útil por décadas: “Sabemos que esto va a llevar tiempo, pero bueno, esto es un mecanismo que llevamos ya 30 años, muy útil aquí en San Rafael y en el Sur y en la provincia de Mendoza. El Fondo de Transformación que es parte de una herramienta que maneja el Ministerio de Producción, es muy útil porque obtener los certificados de las SGR agiliza prácticamente con una sola firma cualquier tipo de crédito. Perder esa herramienta, me parece que por estas diferencias de montos que recién ha apuntado usted y estoy de acuerdo, me parece que la razonabilidad implica o implicaría que esto debería derogarse y dejar el régimen como está”.
