Tras un pedido que llevó a cabo la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) decidió prorrogar los plazos para el recambio de los controladores fiscales. Al respecto se refirió a través de FM Vos (94.5), Salvador Femenía, titular de la Comisión de Asuntos Tributarios de CAME.
Expresó que esto se viene trabajando incluso desde antes del inicio de la pandemia cuando aún estaba en el cargo el Gobierno anterior, porque “había un problema de disponibilidad y de costos para los reemplazos de los controladores fiscales de nueva generación”. “Venimos de esos más de cuatro años de recesión. Esta tecnología se paga en dólares y la verdad es que es un costo que no se podía afrontar, sobre todo los más pequeños”, dijo.
Señaló que, desde el punto de vista técnico, esta nueva tecnología permite pasar datos a AFIP sin que ese organismo deba esperar la novedad a través de la declaración. Antes, un control tenía que pasar y hacer chequeos, que de esta manera se vuelven automáticos. Sin embargo, es el comerciante el que debe correr con los costos del recambio, lo que se vuelve una complicación teniendo en cuenta que, por ser importados, cada controlador tiene un valor aproximado de 800 dólares. “Para un comercio chico, por tener que reemplazar el controlador, hoy es mucha plata”, añadió.
Desde AFIP se decidió que los comercios más grandes tendrán un plazo menor para llevar a cabo ese recambio. Lo que van a tener 50 o más controladores, pasan del 31 de mayo, al 30 de junio del 2021; los que tienen entre 11 y 49 pasan de mayo a agosto; los que tienen entre cinco y diez, pasan de julio a octubre; tres o cuatro, de julio a diciembre; dos, a febrero del 2022; y un solo equipo, de septiembre a febrero del 2022. “Se cambia todo el cronograma a como estaba previsto en la Resolución 4.444.
Modificaciones en el Impuesto a las Ganancias
Por otra parte, Femenía se refirió al proyecto de modificación en el Impuesto a las Ganancias. Señaló que si bien hay quienes se verán beneficiados de aprobarse, se trata de una presión que recae en las empresas privadas. “Es un proyecto y ojalá haya posibilidad de modificarlo, porque el aumento del mínimo no-imponible para una buena cantidad de trabajadores a 150 mil pesos en bruto, tiene un costo fiscal y hoy el costo fiscal el Estado no tiene cómo afrontarlo. Si le otorga a alguien le tiene que sacar a otro de otro sector”, criticó.
