Ahora ya nadie puede decir quién es el dueño de la tierra

En los ’70, la izquierda revolucionaria de nuestro país, la más dura, llenó las paredes de las grandes ciudades con una frase que se atribuye al famoso líder militar y campesino mexicano, Emiliano Zapata: «La tierra es de quien la trabaja » . 
Aquello apuntaba a los grandes terratenientes propietarios de vastas extensiones a lo largo y ancho y del país. Era una frase marketinera pero absolutamente vacía de contenido porque aunque hubiera triunfado aquella izquierda de importación, que hoy pretenden revitalizar a través del kirchnerismo más radical, todo se agotaba en una trasnochada utopía porque entre otras cosas, no había mucha gente dispuesta a irse al medio de la nada, sin estructuras básicas ni planos de contingencia.
Aquellos convencidos de que era posible una reforma agraria de corte revolucionario y por la fuerza en Argentina, hoy tienen continuación en estos dirigentes subidos a lomos del kirchnerismo y están arrastrando a esta locura que puede terminar en tragedia a ese peronismo que todavía pretende separarse de la filosofía K.
En lo que va del año, hubo más de 1.800 usurpaciones de tierras, que pueden estimarse en más o menos 4.300 hectáreas solo en la provincia de Buenos Aires. Otros sitios con este conflicto se dan en las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Por un lado, tierras rurales ubicadas en localidades andinas, tanto en terrenos de particulares como en el de parques nacionales o reservas forestales. Allí las usurpaciones son generalmente llevadas adelante por falsos mapuches. Las tomas de predios en las localidades más importantes del sur las protagonizan agrupaciones sociales y vecinos. Los focos más conflictivos se dan en Villa Mascardi cerca de Bariloche; en El Bolsón; en Villa Mari Manuco (Neuquén), y en Cushamen (Chubut) entre otros.
EL MONJE NEGRO
Detrás de cada uno de estos actos delictivos, está el dirigente, Juan Grabois, un hombre al que sostiene Jorge Bergoglio sin hacerlo notorio porque se le verían sus verdaderas intenciones para con su propio país.
El dirigente rector del Movimiento de Trabajadores Excluidos, amenazó sin dudarlo hace unos meses: «Hay una oleada de tomas de tierras que se va a profundizar». En agosto las agrupaciones sociales y algunos sindicatos recibieron la orden de comenzar con las tomas. Grabois tiene fuertes vínculos con el kirchnerismo y también hizo arreglos convenientes con el gobierno de Mauricio Macri siendo su intermediaria la Ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley. La solución que propone Grabois como la «más inteligente» es «lotear la tierra, ponerle agua, luz y cloaca y darle a la gente para que se haga su casa». No explica la tierra de quién, ni cómo, ni por qué. No hemos visto hasta ahora, que se intente ocupar tierras de los barones del kirchnerismo, como Lázaro Báez, que tienen miles y miles de hectárea improductivas.
Las tomas han sido defendidas por miembros del Gabinete del presidente Fernández. La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, consideró que el problema de las ocupaciones «no es un tema de seguridad». Le pasan la pelota a la Justicia sabiendo que es la instancia más lenta para que se efectúe la restitución inmediata de la tierra a sus legítimos dueños. Incluso algunas reparticiones del Ejecutivo apoyan directamente a los ocupantes ilegales. Magdalena Odiará y Juan Pilquimán, titulares del INAI(Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), habrían llevado en camionetas de esa repartición víveres y más gente a la toma de la zona de Mascardi.
Otro ejemplo es el de Gabriela Carpinetti, directora nacional de Promoción y Fortalecimiento de Acceso a la Justicia, dependiente del ministro de Justicia de la Nación y militante del movimiento popular Tierra, Techo y Trabajo, que comanda el propio Juan Grabois.
Esta funcionaria se instaló en las tierras ocupadas pertenecientes a Luis Miguel Etchevere en Entre Ríos.
Está claro que de aquella utópica La tierra es de quien la trabaja pasamos a la cómoda alternativa de La tierra es de quien la ocupa. Mientras tanto, el presidente mira para otro lado y salvo el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, que defendió públicamente la propiedad privada y calificó la toma de tierras como un delito, no hay otras voces del gobierno que dejen escuchar en este sentido. Alguien debe advertirle a la Casa Rosada que esta situación puede terminan en una violencia incontrolable.