El presidente Alberto Fernández dio inicio al 141 período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional con un discurso en el que defendió su gestión al frente del Ejecutivo, insistió en la necesidad de una reforma de la Justicia y abordó el conflicto abierto con la Corte Suprema por los fondos coparticipables y el control del Consejo de la Magistratura.
Con la presencia en el recinto del presidente del Tribunal Supremo, Horacio Rosatti, y Carlos Rosenkrantz, Alberto Fernández dejó para el final lo más fuerte de su discurso, que duró más de dos horas en la apertura de la Asamblea Legislativa: el Poder Judicial. El jefe de Estado defendió el pedido de juicio político argumentando que “el accionar de los miembros de la Corte Suprema” fue el motivo para hacer la presentación, pero aclaró que “no hay ningún ataque ni embestida”, sino que había prometido “poner fin a los sótanos de la democracia”.
Esta parte de su discurso despertó aplausos por parte de la bancada oficialista y reclamos de la vereda de enfrente. Incluso, algunos diputados optaron por retirarse del recinto, tal es el caso del interbloque Federal.
En un tono moderado, el presidente recordó que al asumir “prometió poner fin a los sótanos de la democracia”, y ponderó que “lo hizo” porque “el personal de inteligencia del Estado ya no se vincula con los jueces. Los recursos de la Agencia Federal de Inteligencia son públicos. No existen operadores que en nombre del gobierno compran voluntades judiciales”.
“Por impulso del Gobierno Nacional, no hay escuchas ni intromisiones en la privacidad de ningún ciudadano. El espionaje interno ya no existe. Todos y todas pueden pensar libremente sin temer el acoso del poder estatal”, expresó en con euforia y denunció: “De nada sirve semejante trabajo si miembros de la Justicia y del Ministerio Público se entrelazan en vínculos poco transparentes con empresarios o emisarios de la política que operan como auténticos factores de poder”.
En esa línea, hizo referencia a los chats filtrados que “dejaron en evidencia la connivencia entre algunos magistrados, empresarios de medios de comunicación, exagentes de inteligencia y políticos”. Al respecto, lamentó que “el Poder Judicial hace tiempo que no cuenta con la confianza pública, no funciona eficazmente y no se muestra con la independencia requerida frente a los poderes fácticos y políticos”.
A continuación, ejemplificó: “Conocemos como se dictaron medidas cautelares que impidieron regular el precio de servicios básicos de telecomunicaciones sin que hasta el día de hoy se haya resuelto la cuestión de fondo. Vimos también como a través de medidas cautelares se habilitaron importaciones que no significaban ninguna prioridad para el país. Se impuso así una práctica que permitió, una y otra vez, burlar la ley mediante medidas cautelares”.
“Frente a este estado de situación es necesario tomar cartas en el asunto y trabajar para encontrar su solución”, planteó y recordó que en 2020 convocó a “un grupo de prestigiosos juristas con el fin de que estudiaran alternativas para que, en este Honorable Congreso, se avance en las reformas que nuestro sistema judicial necesita. Propuse reformas para que se debatieran y se introdujeran todas las mejoras posibles”. Asimismo, criticó que dicha propuesta se aprobó en el Senado, pero nunca fue tratada en la Cámara de Diputados.
También denunció que el Poder Ejecutivo “padeció la intromisión del Poder Judicial en funciones que le son propias”, y que el Congreso “debió soportar la intromisión en sus prerrogativas cuando la Corte Suprema se arrogó indebidamente la facultad de disponer cómo debe este cuerpo legislativo designar sus representantes ante el Consejo de la Magistratura”.
Al respecto, planteó que “si aquella reforma de la Justicia Federal hubiera prosperado y si la Corte Suprema no hubiera tomado por asalto al Consejo de la Magistratura, hoy Santa Fe no estaría padeciendo la carencia de tribunales que impiden enjuiciar con rapidez al crimen organizado que se ha expandido en su territorio”.
“¿Quiénes son los responsables de que el Consejo de la Magistratura no funcione hace un año? ¿Quiénes atropellan a las instituciones republicanas?”, preguntó entre gritos el presidente.
Por otro lado, hizo mención al pedido de juicio político contra los miembros del máximo tribunal y aclaró que “el accionar de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, nos llevó a presentar un pedido de juicio político ante la Cámara de Diputados”.
“Cualquier argumento que sostenga que el reclamo es violatorio de la República o del Estado de derecho, es falso. Solamente tienen que ir y leer el artículo 53 y 59 de nuestra Constitución Nacional”, le planteó a la oposición el abogado.
Y remarcó: “No hay ningún ataque ni embestida contra la Justicia. Se solicita que se revise con todas las garantías y en las instancias que corresponde el desempeño de los magistrados que conforman la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Sin embargo, hizo una salvedad: “No pretendo descalificar en su totalidad al Poder Judicial por las conductas de algunos de sus miembros. Conozco la honestidad de muchos magistrados y funcionarios judiciales”.
“No podemos seguir mirando impávidos cómo las disputas palaciegas desatadas en el más alto tribunal del país por controlar el manejo de los recursos económicos del Poder Judicial acaban desatando abusos inadmisibles”.
El jefe de Estado argumentó que reclama “en defensa del Estado de Derecho”, y volvió a elevar su tono de voz para decir: “No somos nosotros quienes atentamos contra la Constitución”.
“Los que atentaron contra la Constitución son los que armaban Mesas judiciales y perseguían con recursos estatales a jueces, a periodistas, a políticos opositores y hasta a sus propios compañeros. No pretendan ahora dar lecciones de institucionalidad y fervor democrático. Solo quiero dejar en claro quien respeta la República y quién no”, disparó.
Así siguió con fuertes acusaciones: “Nosotros no designamos jueces integrantes de la Corte Suprema por decreto. Tampoco tergiversamos leyes mediante decretos reglamentarios para que nuestros parientes puedan blanquear dinero. Nosotros no trasladamos jueces e integramos Cámaras para incidir en causas en las que se persiguen políticos opositores. No son nuestros funcionarios los que se profugan de la Justicia alegando persecuciones”.
“Atentan contra la Constitución los que se extralimitan en sus competencias y desconocen las competencias del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo olvidando que la mentada división de poderes rige para todos en la república”, reiteró.
Y remató: “Atentan contra la Constitución los que ante cualquier sanción desfavorable de leyes corren a judicializar la medida aprovechando sus amistades con jueces que deshonran al Poder Judicial”.
“Hace años que venimos denunciando la conformación de una estructura que opera de manera coordinada en la que se involucran miembros del Poder Judicial, medios de comunicación y políticos de la oposición. En varias ocasiones este accionar fue apuntalado por los servicios de inteligencia y seguridad en clara violación a las prohibiciones que establece la ley”, cerró ese tramo de su alocución en medio de un aplauso oficialista.
