La UIA reclama un pacto fiscal para frenar la asfixia tributaria sobre las pymes y evitar la fuga de fábricas
La Unión Industrial Argentina (UIA) elaboró un profundo diagnóstico técnico y un paquete de propuestas legislativas y ejecutivas destinadas a revertir el fuerte impacto de la presión tributaria sobre el sector productivo formal. El documento, confeccionado por el departamento impositivo de la entidad, busca modificar la narrativa pública que asocia la falta de competitividad local con una presunta resistencia empresaria a la libre competencia, demostrando que la carga fiscal —sumada a las asimetrías de infraestructura y financiamiento— duplica los estándares internacionales al recaer de forma exclusiva sobre las firmas registradas.
Mauricio Badaloni, integrante de la conducción de la UIA, detalló las iniciativas presentadas ante el ministro de Economía, Luis Caputo, advirtió sobre la radicación de inversiones industriales locales en países limítrofes como Paraguay y exigió un compromiso coordinado entre la Nación, las provincias y los municipios para evitar que las tasas locales licuen las desregulaciones nacionales.
La nivelación de la cancha y el verdadero peso del Estado
El análisis pormenorizado de las estructuras de costos fabriles revela que una matriz concentrada de pocos gravámenes representa la mayor porción del costo fiscal, distorsionando los valores al consumidor. «El proyecto tiene varias aristas, pero la principal tiene que ver fundamentalmente con lo que viene manifestando la Unión Industrial Argentina, que es la nivelación de la cancha. Vemos que permanentemente hay una narrativa orientada a instalar que el sector privado no quiere competir o que tiene precios elevados porque no está acostumbrado a la competencia. En realidad, lo que demostramos con datos es que la industria tiene un costo impositivo que, cuando nos comparamos con países como China o aquellos que son más competitivos, explica de forma directa nuestra falta de competitividad. El departamento impositivo de la UIA materializó un documento técnico para mostrar las asimetrías y los desequilibrios reales, visibilizando junto al ministro de Economía el peso real que tienen los estados sobre los productos de fabricación nacional o sobre los servicios que prestamos», expuso Mauricio Badaloni al principio del reportaje.
«El problema más grave es que le cobramos muchísimo a los que están en blanco o a los que pagan rigurosamente sus impuestos, mientras que más del 50% de la economía está en negro, fuera del sistema. Bajo esas condiciones, el esquema no le sirve a nadie. Solo cuatro impuestos comprenden cerca del 80% de la presión tributaria; el resto son pequeñas tasas que distraen y vuelven extremadamente complejo el desarrollo de las actividades económicas», apuntó.
«Lo que buscamos es una compensación directa con los principales impuestos vigentes, por ejemplo, que los tributos relacionados al trabajo generen un crédito compensable contra el IVA», indicó.
«De esa manera corregimos la simetría con la informalidad, porque a la empresa ya no le conviene tanto estar fuera del sistema debido a que no se ahorra tanto dinero. El ciudadano común en el sur, en San Rafael, General Alvear o Malargüe, debe identificar por qué el costo de la leche, por dar un caso, es más caro aquí que en Chile: el peso de los estados provincial, nacional y municipal se lleva casi el 50% del valor final», explicó en diálogo con FM Vos 94.5.
Progresividad, superávit y el riesgo inminente de desindustrialización
La estrategia de la entidad fabril no contempla un desborde de las cuentas públicas, sino el direccionamiento condicionado del orden macroeconómico hacia el alivio del eslabón manufacturero. «Nuestra propuesta se plantea estrictamente por etapas. En ningún momento existe una intencionalidad de desfinanciar al Estado, pero sí sabemos que el sector público tiene que bajar sus costos de manera drástica. Proponemos que, en paralelo a la obtención de los superávit fiscales, esos recursos vayan direccionados de forma pautada a bajar estas presiones en las unidades productivas. Si no se avanza en esa dirección, vamos a estar desindustrializando la Argentina por un exceso de impuestos y no por falta de capacidad interna», observó Badaloni.
«No nos podemos encontrar en dos o tres años con un 50% menos de industrias competitivas o con empresas que mudaron sus fábricas a Paraguay, donde se cobra solamente el 1% de todo el producido. Eso ya está sucediendo dentro del Mercosur, generando una triangulación compleja donde se fabrica en Paraguay bajo mejores condiciones y luego se le vende a la Argentina», advirtió.
«El Impuesto al Cheque es la distorsión número uno a eliminar y entendemos que el Gobierno nacional tiene las facultades para ir desactivándolo de forma paulatina sin necesidad de recurrir al Congreso. Proponemos una baja gradual en un plazo de dos a tres años supeditada a metas concretas de superávit. Si el sector privado observa previsibilidad en la eliminación de estos gravámenes, mejorará notablemente la competitividad de las inversiones de cara al futuro», aseguró.
«Cuando las estructuras de costos no dan, cerrar una fábrica es una realidad muy dolorosa pero inevitable para sostener la supervivencia comercial. No podemos ser celosos de la recaudación nominal actual si en el camino nos quedamos sin industrias; el objetivo de fondo debe ser materializar empleo formal duradero y exportar más para consolidar una balanza comercial positiva con reservas reales«, resaltó en ese tramo de la comunicación.
El laberinto de las tasas municipales y las contradicciones de la política
Los representantes industriales alertaron sobre la falta de sintonía fiscal entre las diferentes jurisdicciones del Estado, señalando que los gravámenes de las comunas actúan en sentido inverso a los incentivos de inversión. «Mientras el Estado nacional avanza en ciertas desregulaciones y elimina algunas cajas o reduce impuestos de forma incipiente, nos encontramos con que muchos municipios o gobiernos provinciales aumentan sus tasas en un porcentaje equivalente. Por eso buscamos de forma urgente un acuerdo tripartito: el Estado nacional junto con el equilibrio fiscal de las provincias y los municipios. Si no coordinamos esa desaceleración impositiva, la reactivación no llegará a las pymes», consideró el empresario mendocino.
«En los papeles y en la narrativa política todos los sectores elogian a los emprendedores y a las pymes, sobre todo ahora que se cortó la emisión de dinero y las comunas necesitan que el sector privado venda más para poder recaudar. Sin embargo, el impuesto más agresivo, que es Ingresos Brutos, mantiene las alícuotas más altas justamente sobre el financiamiento pyme», afirmó.
«La política les cobra una tasa exorbitante a las entidades financieras creyendo que afecta al banco, pero el banco se lo traslada de inmediato al pyme que pide el crédito. Si a una tasa de financiamiento promedio del 2% o 3% le sumás un 7% u 8% de Ingresos Brutos, más los costos de garantías de las SGR, terminás en un escenario inviable donde el Estado gana más dinero que el propio banco que asume el riesgo de prestar la plata. Esas contradicciones mellan la producción», declaró.