El avance del proyecto minero “Don Luis y otro”, vinculado a la exploración de litio en la zona de Salinas del Diamante, volvió a encender el debate ambiental en el sur mendocino luego de difundirse un mapa comparativo que refleja la enorme extensión territorial alcanzada por la iniciativa.
Según los datos dados a conocer por sectores ambientalistas, el proyecto abarcaría unos 2.340 kilómetros cuadrados, una superficie que lo convertiría virtualmente en el octavo “departamento” más grande de Mendoza, superando ampliamente a departamentos como Maipú, San Martín y Rivadavia, y quedando apenas por debajo de Tupungato.
La comparación difundida indica que Mendoza Capital posee 54 km², Godoy Cruz 75, Guaymallén 164, Junín 263, Maipú 617, San Martín 1.504 y Rivadavia 2.143, mientras que el área del proyecto minero alcanzaría los 2.340 km².
El emprendimiento, denominado oficialmente “Don Luis y otro”, incluiría en realidad un conjunto de 26 proyectos no especificados dentro de la zona conocida como Diamante-Sosneado, en cercanías del río Atuel y áreas ambientalmente sensibles del sur provincial.
CUESTIONAMIENTOS
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la situación de General Alvear. Sectores críticos aseguran que el municipio no habría realizado el correspondiente Informe Sectorial pese a ser considerado parte de la cuenca del río Atuel, requisito contemplado en el artículo 5 de la Ley Provincial 7722.
Además, organizaciones y vecinos sostienen que existen inconsistencias en torno a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), debido a que el documento oficial autoriza tareas de “exploración minera metalífera”, mientras que en informes técnicos del proyecto se mencionan actividades de “prospección y exploración”, procesos que —afirman— poseen diferencias legales y ambientales específicas.
La polémica se intensifica porque el próximo martes 26 de mayo está previsto el tratamiento legislativo del Dictamen de Impacto Ambiental del proyecto, en medio de reclamos de ambientalistas que consideran que la iniciativa avanza en un marco de irregularidades y sin los controles suficientes.
La situación reabre el histórico debate mendocino sobre minería, protección del agua y el alcance de la Ley 7722, una normativa que desde hace años genera fuertes posiciones tanto a favor como en contra en distintos sectores políticos, sociales y productivos de la provincia.
