Alfredo Cornejo impuso “topes” para controlar más el gasto público
El Gobierno de Alfredo Cornejo oficializó, mediante el decreto 2846, una serie de medidas para contener el gasto público y garantizar el equilibrio presupuestario en el ejercicio 2025. El documento fue publicado este jueves el Boletín Oficial, en el que restringe nuevas contrataciones y fija porcentajes para la ejecución del gasto, entre otras disposiciones.
Según el documento, que cuenta con la firma de todos los ministros y del presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, la administración provincial deberá contar con la aprobación expresa del gobernador y del Ministerio de Hacienda para celebrar nuevos contratos de locación de servicios, honorarios o ampliaciones de contratos existentes.
El decreto lleva la firma de Lombardi, ya que fue redactado el 27 de diciembre. En ese momento, tanto el gobernador Alfredo Cornejo como la vicegobernadora Hebe Casado y el presidente provisional de la Cámara de Senadores, Martín Kerchner, se encontraban de licencia.
Asimismo, las contrataciones financiadas con rentas generales solo recibirán refuerzos presupuestarios si son decididos por el Ejecutivo y fundados en razones de servicio.
El decreto también establece limitaciones a la adquisición de bienes de capital, la firma de convenios con universidades y otras entidades no gubernamentales, y la asignación de celulares oficiales dentro de la administración central.
Además, las contrataciones financiadas con rentas generales solo recibirán refuerzos presupuestarios si son decididos por el Ejecutivo y fundados en razones de servicio. Esta medida busca evitar el crecimiento descontrolado del gasto y priorizar las inversiones en sectores considerados esenciales.
Solo el gobernador, ministros, secretarios y directores podrán contar con líneas oficiales, salvo excepciones debidamente justificadas. En lo que respecta a la ejecución presupuestaria, se establecen topes del 25% por trimestre sobre el crédito vigente para las erogaciones corrientes y de capital financiadas con rentas generales.
Para aquellos que actualmente posean celulares oficiales sin la debida autorización, se ha dispuesto un plazo de 30 días hábiles para su devolución, bajo la advertencia de que los costos podrán ser descontados de sus haberes u honorarios.
No obstante, ciertos sectores clave, como Seguridad, Educación y Salud, contarán con autorizaciones especiales que les permitirán disponer de fondos en su totalidad al inicio del ejercicio fiscal. Esta diferenciación responde a la necesidad de garantizar la continuidad de servicios esenciales sin interrupciones.
A su vez, la cartera que encabeza Víctor Fayad contará con la facultad de modificar los porcentajes de ejecución según la recaudación y podrá tomar medidas adicionales para mantener el equilibrio fiscal, incluyendo la imposición de asignaciones presupuestarias mensuales.
Asimismo, se habilita a la Dirección General de Contrataciones Públicas a supervisar los valores de compra y remitir informes al Tribunal de Cuentas en caso de detectar irregularidades en las contrataciones.
Otro punto relevante del decreto es la incentivación para que los empleados en condiciones de jubilarse inicien sus trámites con anticipación, buscando reducir la carga salarial en el sector público. Para ello, las distintas jurisdicciones deberán garantizar el cumplimiento de los procedimientos administrativos y dar curso rápido a las gestiones de retiro.
Por último, el decreto invita a los poderes Legislativo y Judicial, así como a los municipios, a adoptar medidas similares de restricción del gasto. Con estas acciones, el gobierno mendocino busca evitar el desajuste financiero en un contexto económico desafiante, priorizando la sostenibilidad fiscal sin afectar la prestación de servicios esenciales.
Fuente: El Sol – https://www.elsol.com.ar/mendoza/alfredo-cornejo-impuso-topes-para-controlar-mas-el-gasto-publico/