Durante demasiado tiempo, la derecha más extrema no solamente consiguió llegar al poder en buena parte del mundo. También logró algo quizás más importante: imponer su agenda, instalar sus ideas y convertir sus prejuicios en una suerte de sentido común. Para ellos, los pobres son responsables de su pobreza, los ricos merecen ser cada vez más ricos, la libertad consiste en que los poderosos puedan hacer lo que quieran y quienes se atrevan a pensar distinto deben soportar el escarnio público. O, como llegó a decir Milei al referirse a los periodistas, merecen la hoguera.
Ese clima político y cultural parecía no encontrar demasiados obstáculos. Con diferentes matices, Donald Trump, Jair Bolsonaro y Milei expresaron una corriente que hizo del individualismo, la confrontación y el desprecio por lo colectivo una herramienta de construcción política. Y detrás de ellos, casi siempre, hubo acompañantes de lujo: sectores del establishment económico, financiero y mediàtico que encontraron en estos modelos condiciones ideales para defender sus privilegios.
Sin embargo, algo parece estar moviéndose.
La derrota de Flávio Bolsonaro en Brasil y el contundente resultado de las elecciones legislativas estadounidenses, donde los demócratas recuperaron el control de ambas cámaras del Congreso, permiten pensar que aquella tendencia ya no avanza sin resistencia. En Estados Unidos, el resultado representa un serio llamado de atención para el magnate y su proyecto político. En Brasil, la sociedad volvió a darle una oportunidad a Lula, aunque en una elección extremadamente disputada.
No sería prudente confundir estos resultados con un giro definitivo hacia el progresismo. Tampoco suponer que las sociedades han abandonado sus contradicciones. Pero sí hay algo que merece ser observado: vuelve a ponerse en discusión para qué sirve tener un país rico -no es nuestro caso- si la mayoría de sus habitantes vive con dificultades extremas, si el acceso a la salud se convierte en un privilegio, si la educación pública se deteriora y si el bienestar de las personas queda subordinado exclusivamente a las reglas del mercado.
La pregunta no es menor. Estados Unidos es una de las mayores potencias económicas del planeta, pero una parte importante de su población enfrenta problemas cotidianos para acceder a una vivienda, pagar la atención médica o sostener su nivel de vida. La riqueza de una nación no puede medirse solamente por sus indicadores macroeconómicos, sus empresas o la fortuna de sus multimillonarios. También debería medirse por la calidad de vida de quienes la habitan.
En la Argentina, donde ni siquiera podemos exhibir aquella riqueza, la discusión adquiere una dimensión todavía más dramática. ¿Qué sentido tiene celebrar determinados equilibrios fiscales si el costo de alcanzarlos es que cada vez más familias tengan dificultades para alimentarse, estudiar, atender su salud o llegar a fin de mes? ¿De qué libertad hablamos cuando las posibilidades reales de ejercerla dependen cada vez más del dinero que cada uno tiene en el bolsillo?
Hay, además, una contradicción que atraviesa a estos movimientos. La democracia les permite llegar al gobierno, pero su relación con ella suele ser profundamente conflictiva. Cuando pierden, cuestionan los resultados, desacreditan las instituciones o directamente desconocen la voluntad popular. La historia reciente ofrece ejemplos demasiado dolorosos: desde el asalto al Capitolio en Estados Unidos hasta el intento de golpe de Estado en Brasil, después de la derrota de Bolsonaro o, màs recientemente, la huida de Bolsonaro hijo de Brasil tras perder el balotaje. La democracia es aceptada como camino al poder, pero no siempre como mecanismo para abandonarlo.
Quizás lo que estamos viendo no sea una transformación definitiva. Los sectores que se beneficiaron con estos modelos conservan poder económico, mediático y político. Tampoco desaparecieron las razones que explican el crecimiento de las derechas radicalizadas: el desencanto, la inseguridad, la incertidumbre económica y la desconfianza hacia las dirigencias tradicionales.
Pero hay una diferencia importante entre aceptar resignadamente que ese es el único camino posible y comenzar a discutir nuevamente qué sociedad queremos construir.
Durante años, el debate pareció reducido a cuánto había que ajustar, qué derechos podían recortarse, qué sectores debían soportar los sacrificios y quiénes merecían recibir los beneficios del crecimiento. Ahora, al menos en algunas sociedades, vuelve a aparecer una pregunta que nunca debió desaparecer: ¿para quién gobierna un gobierno?
Tal vez no estemos asistiendo al regreso de una época de grandes consensos sociales ni al renacimiento de una idea prevalente del bien común. Sería apresurado afirmarlo. Pero después de tantos años en los que la intolerancia, el desprecio y la desigualdad parecían haberse convertido en una identidad política, que millones de ciudadanos vuelvan a expresar en las urnas su voluntad de poner límites es, por sí mismo, una noticia relevante.
Y también una bocanada de aire fresco.
