La investigación por una presunta estafa al Estado mendocino por $26 millones en la liquidación de subsidios del Programa Enlazados tuvo un nuevo avance este miércoles, con un allanamiento en la casa de una mujer que está sospechada de adulterar información para obtener beneficios de manera ilícita.
El operativo que fue ordenado por la fiscal de Delitos Económicos, Graciela García Cobos, se realizó en una propiedad ubicada en Guaymallén, donde se secuestraron tres teléfonos y una computadora, informaron fuentes judiciales.
En tanto, también se allanaron los domicilios de los padres y del novio de la sospechosa, una técnica administrativa que fue desplazada del cargo cuando se descubrieron las supuestas irregularidades.
El pasado jueves se conoció el hecho, tras una denuncia presentada por el Ministerio de Producción. Un día más tarde se realizó un operativo judicial en oficinas de esa cartera y también se secuestraron computadoras desde donde se habría realizado el fraude.
El programa Enlazados funciona como puente entre personas que buscan empleo y empresas. Consiste en el aporte de una suma de dinero fija como complemento salarial.
De acuerdo con la denuncia, la técnica administrativa realizó en forma fraudulenta el ingreso al sistema de 31 personas, que fueron vinculadas mediante sus cuentas bancarias (CBU) para acceder en forma irregular al subsidio.
“Los 31 beneficiarios cobraron en forma irregular aproximadamente $200.000 mensuales, alcanzando unos $26 millones al 30 de abril de 2024“, resaltaron desde el ministerio a cargo de Rodolfo Vargas Arizu.
Una investigación interna reveló que la sospechosa asignaba en forma indistinta y aleatoria beneficiarios “truchos” a diversas empresas que participan del programa estatal. Otra modalidad consistía en dar de alta una firma apócrifa y vincular a las mismas personas para que accedan al subsidio.
La sospecha surgió a fines de abril, gracias a los controles internos periódicos que se realizan sobre las bases de información y procesos del programa que están alojadas en los servidores. Así se logró detectar el modus operandi de la administrativa, que consistía en cargar y borrar los datos fraudulentos de los beneficiarios cada mes, en los días previos al proceso de generación de las órdenes de pago de los subsidios.
Así logró burlar los controles internos durante un tiempo. Pero una auditoría adicional alertó sobre el millonario fraude y dar con la sospechosa, que dejó una huella digital de toda la operatoria.
Fuente: El Sol
