Un relevamiento realizado a nivel nacional por la organización Inquilinos Agrupados reveló que el 67% de los hogares inquilinos destina entre el 30% y el 50% de sus ingresos mensuales al pago del alquiler, y el 72% está endeudado. Esto ha reducido el consumo en áreas esenciales como alimentos y salud. El dato surge de la Encuesta Nacional Inquilina correspondiente a junio, que relevó 909 casos en todo el país, y expone una creciente presión financiera sobre los inquilinos.
De acuerdo con el informe, un 14% de los hogares declara destinar más del 60% de su ingreso mensual al pago del alquiler, mientras que entre los jubilados el promedio asciende al 49%. Desde la organización advirtieron sobre una situación de extrema gravedad social producto del desbalance entre ingresos y costos habitacionales.
«Este relevamiento, realizado durante los primeros días de junio y con la participación de 909 hogares, subraya la profunda crisis económica que atraviesa este sector de la población. La situación es muy grave, las condiciones de los contratos de alquiler son profundamente abusivas. Esto incluye contratos de corta duración, actualizaciones de precios frecuentes (cada tres meses), y la transferencia de todos los gastos a cargo de los inquilinos», dijo a FM Vos 94.5 Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados.
Endeudamiento récord y costos insostenibles
Uno de los datos más preocupantes del informe es el nivel de endeudamiento de los hogares, que supera el 70%. «Este endeudamiento se produce, en gran medida, a través de tarjetas de crédito y para la compra de alimentos. Dicha situación afecta mayoritariamente a sectores con trabajo registrado y niveles universitarios de estudio, lo que evidencia una crisis gravísima en términos de la economía del hogar», consideró.
Desregulación y la falta de soluciones a la vista
Dentro de este contexto, Muñoz no fue muy optimista de cara al futuro. «El gobierno ha optado por que el mercado inmobiliario sea quien decida las condiciones de alquiler en Argentina. Sinceramente, no creo que existan posibilidades de que se legisle a favor de los inquilinos en el corto plazo», enfatizó.
«La eliminación de la ley ha dejado a los inquilinos en una situación de vulnerabilidad absoluta, sin la cierta protección que brindaba la normativa anterior en cuanto a límites de aumento y estabilidad contractual. La desregulación ha llevado a que los propietarios opten por indexadores como el Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que se traduce en aumentos trimestrales que anulan la previsibilidad para los inquilinos», comentó.
A esto se suma una persistente retracción de la oferta de viviendas para alquilar, ya que muchos propietarios prefieren no registrar sus contratos para evadir impuestos. Esta escasez de oferta presiona aún más los precios al alza, creando un escenario muy complejo que obliga a los inquilinos a aceptar condiciones cada vez más desfavorables. «El principal problema radica en la ausencia de políticas públicas que apunten a resolver el acceso a la vivienda. Tras la derogación de la Ley de Alquileres por el decreto 70/2023, no hay forma de mejorar esta situación. Al menos con el actual gobierno», concluyó.
