Se aprobó en el Senado de Mendoza el proyecto sobre la que prorroga la *Ley de Arraigo* en su artículo 39, suspendiendo por otros dos años los desalojos contra productores caprinos de zonas áridas no irrigadas, también llamados puesteros.
La ley tiene por objeto “prorrogar hasta el 31 de diciembre del 2022 lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 6.086”.
Cabe señalar que en 1993 fue sancionada la Ley 6.086, y reglamentada por el Decreto 594 del 31 de Mayo de 1996 donde se establece la “suspensión por dos (2) años todo proceso de desalojo, títulos supletorios, cuya finalidad sea la modificación de situaciones de ocupación efectiva, tenencia, o determinación de derechos, sobre los inmuebles de dominio privado del estado o de particulares, incorporados o que se incorporen en el futuro al programa previsto en la presente ley, cualquiera sea su estado, aún cuando se hallen en trámite de ejecución de sentencia.”
Pese a ello hay muchos conflictos con posesiones de tierras en distintas partes de la provincia, especialmente en zonas como San Rafael o Malargüe, donde en forma asidua hay productores caprinos que son amedrentados por personas que dicen haber comprado esas tierras y buscan echarlos.
La senadora Andrea Blandini dijo en Fm Vos (94.5) que “estamos como en el año ‘93 donde ya estaba esa problemática que el Estado podría resolver rápidamente, poner a trabajar a agrimensores, escribanos, abogados y redactar las escrituras; ya hemos hecho diez prórrogas de esta ley”.
La legisladora del Frente de Todos destacó que la cría de animales es una actividad muy rentable e importante en países como Dinamarca y que acá aún se sigue sin resolver problemas básicos, como la titularidad de las tierras.
El espíritu de la *Ley de Arraigo* tiene por objeto y fines la solución de una parte importante de las debilidades estructurales de uno de los grupos constituyentes de la población rural dispersa. La norma, entre otras cosas, busca legitimar jurídicamente la posesión y tenencia de esas tierras y sanear los títulos de propiedad que pudiesen acreditar sus actuales habitantes. En su mayoría, se trata de familias de crianceros radicados en cercanías de Malargüe y San Rafael, que desde hace muchos años ocupan tierras fiscales o nunca reclamadas.
Sin embargo, el problema es que esos habitantes de lugares alejados de todo tipo de servicio (pero que en algunos casos son campos codiciados) carecen de títulos que respalden sus demandas y el estado aún sigue sin generar las herramientas para darles esa titularidad tras generaciones viviendo y criando animales en esos sitios.
