Apuntando a gremialistas, el Gobierno prepara una Ley de Ética Pública

n medio de los escándalos de corrupción desatados por la causa de los cuadernos K, la discusión entre Germán Garavano y Elisa Carrió por la situación judicial de Cristina Kirchner y Carlos Menem, el gobierno tiene lista una nueva Ley de Ética Pública.

Ese proyecto aumenta la presión con dos sectores con los que la Casa Rosada tuvo roces: el sindicalismo y el Poder Judicial.

La Oficina Anticcorupción que encabeza Laura Alonso envió al Poder Ejecutivo la ley. La incorporación en el artículo 64 de la obligación de presentar declaración jurada y de intereses para «quienes integren cuerpos colegiados que dirijan y administren obras sociales», no es casualidad.

El presidente Mauricio Macri nunca abandonó la idea de modificar el reparto de fondos hacia las obras sociales vinculadas a los gremios, que realiza todos los meses la Superintendencia de Seguros de Salud.

Esto llega en momentos de máxima tensión entre el Gobierno y los gremios más combativos, luego del paro del 25 del mes pasado, ya que amenazan con más medidas de fuerza.

Además la norma agrega la verificación anual de control patrimonial a los tres poderes, incluidos la Justicia y el Ministerio Público.