El Gobierno Nacional comenzó a trabajar en un conjunto de reformas estructurales que incluyen modificaciones en materia laboral, tributaria y previsional. En ese contexto, el presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) de Mendoza, Rubén Palau, expresó su mirada sobre el alcance de estas medidas y las implicancias que podrían tener para las Pymes, en diálogo con FM Vos 94.5.
“El Presidente ahora puede darse el lujo de decir ‘vamos a convocar y consensuar’, pero este consenso tendría que haber sido mucho más colectivo, abarcando a todo el país”, señaló Palau, quien destacó que el borrador que circula plantea modificaciones sustanciales en el esquema laboral. Entre ellas, mencionó la posibilidad de pagar indemnizaciones en cuotas, aplicar aumentos por productividad, fraccionar vacaciones y promover convenios por empresa en lugar de por actividad.
Para el dirigente, la intención del Gobierno es clara: “Necesitan una reforma no sólo laboral, sino también tributaria, para que las inversiones de una u otra vez vengan”. Sin embargo, advirtió que la prioridad debería estar en resolver la situación interna: “Primero tenemos que ver también el mercado interno; los problemas ahí son gravísimos. No hay un plan B de reestructuración de la industria nacional, todo se deja librado a la oferta y la demanda, y sálvese quien pueda”.
Palau recordó que las Pymes mendocinas “se prepararon para grandes proyectos que nunca se concretaron, como Portezuelo del Viento”, y que ahora surgen nuevas expectativas en torno a San Jorge y Hierro Indio, pero “sin un marco de protección claro”. En ese sentido, subrayó la necesidad de aplicar políticas de desarrollo industrial y regional que prioricen a las economías locales. “Cuando se abra San Jorge o Hierro Indio, una ley de compre mendocino, de compre local, de compre sanrafaelino, es fundamental”, aseguró.
El titular de APYME también se refirió al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), al que calificó como una herramienta que “favorece totalmente a los grandes capitales”. Según explicó, “las inversiones vienen con el RIGI, que trae condiciones favorables totales de importación y beneficios tributarios, mientras que nosotros, como Pymes que abastecemos a esas empresas, quedamos en un margen muy inferior”.
Al ser consultado sobre el vínculo con el Gobierno provincial, Palau expresó que “Seguimos avanzando con la ley de emergencias MiPyME, que ya tiene dictamen en comisión, pero los tiempos se acortan y las urgencias crecen. Hay empresas que se están yendo porque no les conviene, y nosotros dejamos de ser proveedores porque económicamente no es factible”, explicó.
En cuanto al panorama económico actual, el dirigente advirtió que “siguen aumentando los servicios, los alquileres y el transporte, y es imposible sostenerlos para una Pyme”. A esto se suma —dijo— “la falta de actualización salarial en algunos sectores, lo que agrava aún más la situación del mercado interno”.
En referencia al punto más polémico del borrador, Palau coincidió con la posibilidad de discutir convenios laborales por empresa y no por actividad, ya que “es necesario hacer convenios de trabajo por zonas o sectores, porque las realidades son distintas”. “No podés comparar un empleado de un sodero en Capital Federal con uno de Mendoza o de La Rioja: las condiciones y los tiempos de trabajo no son los mismos”, argumentó.
Sin embargo, aclaró que la postura de APYME no es de oposición total a la reforma. “No estamos en contra de la reforma laboral, pero primero hay que traccionar la economía. Cambiar la matriz distributiva o política es clave; la actual no beneficia al mercado interno”, remarcó.
Palau concluyó señalando que la crisis también afecta a empresas emblemáticas de la provincia, como la bodega Norton, que entró en convocatoria de acreedores. “Eso demuestra cómo el mercado interno está totalmente deteriorado y cómo los pequeños productores quedan en el piso. Antes de discutir cómo reformar el trabajo, hay que discutir cómo volver a producir”, sentenció.
