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Asambleas de San Rafael rechazan el proyecto de ley para flexibilizar la venta de tierras a extranjeros

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La postergación del tratamiento en el Senado del proyecto que modifica la Ley de Tierras generó una fuerte reacción de organizaciones de San Rafael, que cuestionaron la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional para eliminar los límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

Aunque el debate fue aplazado hasta el próximo 6 de agosto, las agrupaciones advirtieron que el proyecto continúa vigente y llamaron a mantenerse en estado de alerta.

Según datos oficiales, Mendoza tiene más de 1,34 millones de hectáreas bajo titularidad extranjera, lo que representa el 9,06% de la superficie provincial. Malargüe encabeza el listado de departamentos con mayor cantidad de tierras en manos de capitales extranjeros, seguido por General Alvear y San Rafael, una situación que vuelve a poner en discusión el control sobre recursos estratégicos como el agua, los minerales y las reservas energéticas.

Desde la Asamblea del Agua de San Rafael señalaron que «el Senado tenía todo listo para eliminar los límites a la venta de tierras rurales a extranjeros. Faltaban horas y no consiguieron los votos. La sesión se pasó a cuarto intermedio hasta el 6 de agosto. No ganamos la pelea, ganamos tiempo. El proyecto sigue en pie con el mismo objetivo».

FUERTE RECHAZO

En la misma línea, la agrupación Lucha por la Tierra y el Agua destacó que «se postergó el tratamiento del proyecto que habilita la extranjerización de nuestras tierras. Próxima fecha: 6 de agosto. A no dormirse».

Además, remarcaron que «no es un debate técnico: está en juego la soberanía sobre nuestros territorios y nuestros bienes comunes. Defender la Argentina también es defender el agua, los glaciares, los bosques y los territorios. No hay soberanía posible si se facilita su entrega».

El tratamiento de la iniciativa volverá a la agenda legislativa el 6 de agosto, cuando el Senado deberá definir si avanza o no con la modificación de una norma que desde hace más de una década establece límites a la compra de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras.

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