Marcelo Giraud, geógrafo, docente de la UNCuyo e integrante de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza, habló sobre una jornada de movilización frente a la Legislatura provincial. Las asambleas expresan su rechazo no solo a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el Proyecto San Jorge, sino también a otros proyectos mineros y leyes conexas
Jornada de movilización y motivos del rechazo
En diálogo con FM Vos 94.5, Giraud detalló la convocatoria que reúne a manifestantes de distintos puntos de la provincia para expresar su rechazo al desarrollo minero tal como está planteado. «Recibimos acá en la capital mendocina a varias columnas que vinieron de todos los puntos cardinales para concentrarnos frente a la Legislatura, en la Plaza Independencia. Queremos expresar nuestro rechazo al Proyecto San Jorge, pero también a los proyectos de exploración en Malargüe Distrito Minero Occidental, al Proyecto de Ley de Regalías y al Fondo de Compensación Ambiental», comentó al principio del reportaje.
El principal eje de la oposición de las asambleas ha sido siempre a los proyectos de gran escala, debido a la dependencia hídrica de la provincia. «La resistencia de las asambleas mendocinas ha sido siempre a los proyectos de mega minería metalífera, de muy gran escala, como es el caso de San Jorge, porque justamente ponen en riesgo las fuentes de agua de nuestros ríos cordilleranos y la comprometen», sostuvo el entrevistado.
Ley 7722
El geógrafo señaló que, más allá de la cuestión intrínseca del proyecto, el procedimiento de evaluación de impacto ambiental contiene según él graves falencias e incumplimientos normativos. «El propio gobierno, por ejemplo, ha omitido, ha violado la 7722 al no convocar a todos los municipios de la cuenca del río Mendoza, como debiera haber hecho en función del artículo quinto», aseguró el asambleísta.
Además, Giraud mencionó incumplimientos a leyes superiores, incluyendo normativas internacionales. «El gobierno no ha cumplido adecuadamente varias de esas otras leyes, empezando por la Ley General del Ambiente de la Nación y el acuerdo de Escazú y tampoco ha cumplido con el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) que tiene que ver con el derecho de consulta libre, previa e informada de los pueblos originarios», aseveró.
Según el entrevistado, las comunidades de Uspallata han rechazado dar consentimiento al proyecto, y se cuestiona la validez del mismo. «Es obligatorio que no haya incertidumbres científicas relevantes en la información suministrada, contenida en el informe de impacto ambiental… La Autoridad Ambiental Minera ha emitido la declaración de impacto ambiental sin salvar la gran cantidad de cuestionamientos», planteó al respecto.
Escenario judicial y el ejemplo de Chile
Giraud advirtió que, si la declaración de impacto resulta aprobada, la vía judicial será inevitable. «Abogados, especialistas en Derecho Ambiental de aquí de Mendoza, entienden que esa declaración es inválida en las condiciones que fue emitida y por lo tanto van a recurrir a recursos de amparo por un lado y de constitucionalidad por otro», anticipó en otro tramo de la charla.
Sobre la comparación recurrente con Chile, un país minero con características geográficas similares, el especialista fue categórico en que no es un buen ejemplo, citando la alta conflictividad socioambiental y los riesgos. «Chile es, junto con México y Perú, uno de los tres países del mundo con mayor conflictividad socioambiental en relación a la actividad minera. Por ejemplo, la Corte Suprema chilena terminó cancelando definitivamente el proyecto Pascua Lamas debido a los graves perjuicios que estaba causando la minera», expresó.
También, puntualizó que la mayoría del cobre chileno proviene del norte, una zona sin agricultura, y donde la poca agua se ha agotado o ha sido reemplazada por agua desalinizada. «La mayor parte del cobre chileno sale de las regiones del norte, donde prácticamente no hay agricultura río abajo. Por eso, Chile no es el mejor ejemplo [para Mendoza]», remarcó.
Por último, el geógrafo concluyó recordando que la minería es una de las actividades más riesgosas, citando grandes accidentes en Canadá y Brasil. «La minería es una de las actividades más riesgosas del mundo, y creo que tenemos que decidir qué hacer con nuestro territorio y qué nivel de riesgo correr en esta provincia, tan dependiente del agua de la cordillera», dijo a modo de cierre.
