El viernes 22 de mayo de 2026 Uruguay registró la primera aplicación oficial de la eutanasia en Uruguay: una mujer de 69 años con cáncer de páncreas terminal que murió tras recibir el procedimiento en el Hospital Policial de Montevideo. La paciente había ingresado diez días antes por el agravamiento de su cuadro y firmó el consentimiento formal el miércoles.
Federico Preve, diputado oficialista que impulsó la ley, describió el hecho como “un día simbólico muy importante” para el país. Frente a la prensa destacó que “esta persona pudo decidir morir con tranquilidad, pudo decidir fallecer según sus propias convicciones”, subrayando la autonomía del paciente en la nueva normativa y abrió un debate público sobre el final de la vida.
Cómo funciona la ley
La normativa que regula la eutanasia en Uruguay exige que el solicitante sea mayor de edad, ciudadano o residente y esté psíquicamente apto. Solo procede ante una enfermedad terminal e incurable que provoque sufrimientos intolerables y un serio deterioro de la calidad de vida. También permite que el paciente revoque su pedido en cualquier momento.
El procedimiento incluye un trámite médico: el pedido inicial se hace ante un profesional que tiene hasta tres días para expedirse. Interviene luego un segundo médico, internista o especialista, y si ambos certifican los requisitos el proceso continúa. En caso de discrepancias, una junta médica define si procede la intervención.
La mujer había sido internada en el Hospital Policial de Montevideo diez días antes por el empeoramiento de su cuadro por cáncer de páncreas. Ante la irreversibilidad de la enfermedad firmó el consentimiento formal el miércoles y el procedimiento se concretó el viernes, según informaron fuentes sanitarias del centro esta semana.
Contexto regional de la eutanasia
La ley fue sancionada el 15 de octubre de 2025 y reglamentada por decreto del presidente Yamandú Orsi, entrando en vigor el 21 de abril de 2026. Uruguay se convirtió en el primer país de la región en legalizar la eutanasia y se suma a un grupo reducido que incluye a Países Bajos, Bélgica, Canadá, España, Portugal y Nueva Zelanda.
En la región, Colombia despenalizó la eutanasia en 1997 y en 2022 habilitó el suicidio médicamente asistido, aunque enfrenta limitaciones por falta de reglamentación. En Ecuador la Corte Constitucional descriminalizó la práctica en febrero de 2024 tras casos emblemáticos, y ambos procesos muestran rutas distintas hacia el reconocimiento legal de decisiones sobre el fin de la vida.
Fuente: Radio Mitre
