Este miércoles, Alberto Fernández renovó las esperanzas de los argentinos cuando anunció que se producirá en el país la vacuna contra el coronavirus que elabora la Universidad de Oxford junto al laboratorio británico-sueco AstraZeneca.
Como la vacuna se encuentra en Fase 3 –un ensayo clínico en el que la vacuna utiliza un adenovirus modificado de chimpancé-, todavía es imposible saber si su aplicación producirá daños colaterales en los seres humanos. Ante este panorama, la pregunta es inevitable: ¿quién asumiría las consecuencias de los efectos adversos?
Como indicó la cadena rusa RT, basándose en información difundida por la agencia de noticias Reuters, desde AstraZeneca ya manifestaron que buscarán mantenerse exentos de cualquier daño colateral que produzca la vacuna.
“Es una situación única en la que nosotros, como empresa, simplemente no podemos correr el riesgo si en cuatro años la vacuna ocasiona efectos secundarios. En los contratos que tenemos estamos pidiendo una indemnización. Para la mayoría de los países es aceptable llevar el riesgo sobre sus hombros, porque es de interés nacional”, dijo Ruud Dobber, vicepresidente ejecutivo de AstraZeneca, en declaraciones recogidas por European Pharmaceutical Review.
Esta medida que iría en contra de lo que establece la Organización Mundial de la Salud (OMS), habría sido una exigencia de los laboratorios que se encuentran desarrollando una vacuna con más prisa de lo que requiere este tipo de procesos científicos y, de esta manera, buscan protegerse ante futuros reclamos.
DIARIO POPULAR se comunicó con AstraZeneca de Argentina y desde el área de comunicaciones se comprometieron a dar una respuesta en los próximos días sobre las responsabilidades que podría asumir la compañía cuando empiece a aplicarse la vacuna en la Argentina.
En caso de que los laboratorios no asuman ningún riesgo, se estima que los gobiernos se harán cargo de todas las demandas que surjan ante cualquier efecto no deseado que provoque la vacuna contra el Covid-19.
El debate es permanente en Europa
A nivel mundial, el panorama está claro: la industria farmacéutica quiere blindarse de posibles indemnizaciones en caso de que produjese efectos adversos cuando empiece aplicarse una vacuna en la que trabajaron en tiempo récord. Sin embargo, los gobiernos buscan un freno a esta posibilidad y ya advirtieron que la decisión se tomará de forma conjunta entre los Estados miembros de la Unión Europea.
“La legislación europea ya incluye la posibilidad de utilizar un medicamento en situaciones de respuesta a amenazas, como la pandemia, por indicación de las autoridades sanitarias incluso antes de su comercialización. Eso no quiere decir, en ningún caso, que alguien que tuviera derecho a resarcirse de un daño pierda ese derecho”, aclaran desde Ministerio de Sanidad de España.
Fuente: Diario Popular
