Con 13 votos a favor y 8 en contra, el Jury de Enjuiciamiento decidió que el juicio político al juez Sebastián Sarmiento se llevará a cabo en 2026. La denuncia impulsada por el diputado sanrafaelino Franco Ambrosini (UCR) incluye varios casos en los que se señala la liberación indebida de delincuentes que luego cometieron nuevos delitos.
El avance del jury de enjuiciamiento contra el juez Sebastián Sarmiento abrió una nueva etapa en un proceso que comenzó meses atrás y que ahora ingresa a su fase decisiva. La denuncia por mal desempeño, presentada por el diputado y abogado Franco Ambrosini en junio, fue admitida por el órgano competente y derivó en que se habilitara el juicio político y se suspendiera al magistrado. En diálogo con este diario, Ambrosini detalló a Diario San Rafael y FM Vos 94.5 que el jury decidió que la acusación “tiene los requisitos para poder avanzar al debate”, lo que implica que el juez quedará apartado del cargo sin percibir su salario hasta que finalice el proceso.
El legislador explicó que la presentación inicial incluía un repaso de distintos episodios en los que, según la acusación, el juez habría concedido libertades sin que existieran las condiciones técnicas recomendadas por los equipos profesionales. Recordó que en cada expediente “le estaban diciendo que no cumplían los requisitos para salir”, al referirse a los informes de trabajadores sociales y psicólogos que, aunque no vinculantes, desaconsejaban las liberaciones. Pese a ello, sostuvo que el magistrado “había liberado a ciertos delincuentes que después de la liberación terminaron cometiendo distintos tipos de delitos”.
Ambrosini señaló que desde que ingresó la denuncia el proceso tuvo varias etapas formales. Indicó que el magistrado respondió a la acusación “después de hacer 2 millones de chicana”, y que recién posteriormente presentó su contestación definitiva. Luego de evaluar ambos documentos, el jury deliberó y resolvió avanzar al juicio político. El diputado también presentó un escrito para asumir el rol de acusador privado dentro del debate, lo que le permitirá impulsar la denuncia durante todo el proceso. “Yo en el juicio voy a poder estar cumpliendo el rol de también acusador y haciendo valer la denuncia que presentamos”, afirmó.
Sobre la situación actual del magistrado, Ambrosini precisó que quedó suspendido desde el momento de la resolución. Explicó que “sigue estando en su cargo pero sin cumplir funciones y sin cobrar su sueldo” hasta que el proceso concluya. De resultar culpable, el juez será destituido, y si en cambio el jury considera que no hubo mal desempeño, recuperará su puesto.
En un repaso por los casos que forman parte del expediente, el diputado sanrafaelino señaló como el más resonante el de Héctor Pelayes, un ex policía asesinado en ocasión de robo por delincuentes que, según la denuncia, no debían haber sido liberados. También hizo referencia a otro episodio ocurrido en San Rafael, donde un hombre con antecedentes por homicidios y robos recuperó la libertad y abusó de una niña. Ambrosini describió que la menor “tenía 10 años” al momento de los hechos y que ese ataque “le arruinó la vida”. A esto sumó otros tres casos similares en los que, tras obtener la libertad, los implicados cometieron nuevos homicidios.
El legislador recordó además dos decisiones que atribuye a un avasallamiento de facultades del Poder Ejecutivo. Una de ellas está vinculada al uso de celulares en las cárceles, cuando el juez extendió una autorización general a toda la población penitenciaria a partir de un amparo presentado por tres reclusos. “Es una locura que tengan los presos el uso de celulares”, evaluó. El segundo episodio se refiere a un hábeas corpus presentado por dos internos de alta peligrosidad que habían sido trasladados desde San Rafael a Mendoza; el juez resolvió que una vez al mes debían regresar a esta ciudad para mantener contacto con su familia, pese a que su permanencia local se consideraba inviable por cuestiones de seguridad.
Ambrosini agregó que la conducta cuestionada volvió a repetirse recientemente con un delincuente detenido en Mendoza, quien portaba un arma blanca y había atentado contra la vida de una persona. Según señaló, volvió a obtener la libertad “cuando no cumplía los requisitos”. Sobre este punto expresó: “¿Quién fue el juez? Sarmiento. Ha seguido en su conducta de liberar delincuentes cuando no cumplen los requisitos”.
Respecto a los plazos que vienen por delante, indicó que el jury estableció “30 días hábiles para que continúe el proceso”, por lo que estimó que entre mediados y fines de febrero comenzará la etapa de presentación de pruebas y organización del juicio político. De este modo, el proceso continuará durante el primer trimestre del año próximo, con la expectativa de que el debate permita definir la responsabilidad o no del magistrado en los hechos denunciados.
