Durante el 2023, el robo de medidores de agua, gas y cables del tendido eléctrico y telefonía se convirtieron en una moda delictiva que generó bastantes perjuicios no sólo a los damnificados, sino también a las compañías que debieron realizar fuertes inversiones para su reposición.
A lo largo del año pasado la empresa recibió denuncias por el robo de 2.606 medidores, sólo en el Gran Mendoza, según detallaron desde Agua y Saneamiento Mendoza (AySAM).
“Existen diferentes modelos de medidores, pero el costo promedio de reposición con reparación es de 185.000 pesos por unidad”, explicaron en Aysam.
Esto implicó para la empresa pública un gasto aproximado de 482.110.000 de pesos, en reposición de artefactos y reparación de veredas. Lo que desde la empresa de aguas no pueden medir es la cantidad de agua que se derrocha por este tipo de delitos.
Si bien para el usuario la reposición del medidor y la reparación de los daños ocasionados no tiene costo alguno, el gasto extra corresponde a la empresa, es decir, el Estado provincial.
El mayor pico de denuncias fue en agosto, cuando se registró el hurto de 686 dispositivos. Pero la secuencia empieza en agosto, cuando de 19 se pasó a 100 denuncias.
Junio tuvo un salto llamativo, en Julio pareció que era algo temporal porque volvió a menguar, pero agosto y septiembre fueron los dos peores meses para los vecinos, que vieron correr sin freno el agua perdida en la vereda.
Tras esto, las cifras volvieron a reducirse, como se ve en el gráfico.
Las zonas más afectadas en el cierre del 2023 sobresale Guaymallén, en primer lugar, y le sigue Ciudad. Mendoza.
En diciembre, Aysam apuntó una baja, ya que se consignaron 156 medidores sustraídos. Si bien desde la prestadora del servicio aseguraron que la cifra descendió un 78% respecto a meses anteriores, también es cierto que como es un delito menor no suele ser denunciado en la Justicia.
Para las autoridades, la disminución en la cantidad de robos se explica en que los aparatos no tienen un valor comercial. Desde hace diez años, los medidores que se colocan son de plástico y no contienen bronce, a diferencia de los aparatos tradicionales.
En Luján de Cuyo y Maipú, donde los municipios también prestan el servicio del agua, no han sufrido el robo de artefactos.
El problema de fondo
En el Ministerio de Seguridad consideran explicaron que se viene trabajando con las prestadoras de servicio, puesto que las complicaciones no sólo las tiene Aysam, sino Ecogas y las telefónicas. Lo que se busca es el cobre para venderlo en el mercado ilegal. El resto se descarta.
“Desde la División de Robos y Hurtos se trabaja con información que proviene desde el Ministerio Público Fiscal, el CEO y los privados para llevar adelante las investigaciones correspondientes”, explicó la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, quien aclaró que se han estado realizando operativos “con la finalidad de dar golpe al comercio ilegal de cobre”.
Días atrás, en un allanamiento en una vivienda de Las Heras, se recuperaron 4 kilos de cable de aluminio de 7 hilos, reconocidos por la empresa Edemsa, y 15 metros de cable 75 empalme, de la empresa Telefónica, según la información oficial.
En otro procedimiento realizado en una chacarita de Guaymallén, se secuestraron 22 kilos de conductores de cobre de siete hilos, 32 kilos de cable subterráneo de alta tensión reconocidos por personal de Edemsa, 4 kilos de cable multipar reconocidos por personal de Telefónica, 70 kilos de cable proto de diferentes medidas y 121 kilos de cobre pelado de diferentes dimensiones, material reconocido por personal de YPF.
“Hemos acordado con el procurador Alejandro Gullé concentrar las investigaciones de este tipo en un solo fiscal, teniendo en cuenta que ya tenemos una ley específica sobre el robo de cobre”, explicó Rus y detalló que en los próximos días se enviará al Poder Ejecutivo el Decreto que reglamenta la Ley Nº 9.447, referida al Régimen Preventivo y de Control de Actividades con metales no ferrosos.
Esta norma fue proyectada por la propia ministra en su etapa de legisladora y fue aprobada hace un año atrás. La norma otorga facultades de incumbencia puntual a las fuerzas de seguridad para su abordaje concreto, teniendo en cuenta los daños que esto provoca en varios servicios públicos y su incidencia sobre el consumidor.
La normativa surgió luego de que en el 2021 se registrara el pico máximo de robos de cables en Mendoza, siendo los departamentos de Lavalle, Maipú, Tunuyán y la zona Este las más afectadas.
Fuente y fotos: Gentileza El Sol
