El debate sobre la baja de la edad de imputabilidad volvió al centro de la escena política y social en la Argentina, impulsado por la intención del Gobierno nacional de modificar el régimen penal juvenil. En ese contexto, Aída Kemelmajer, ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, aportó una mirada jurídica y social que pone el foco en un punto clave: la responsabilidad indelegable del Estado frente a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
Durante una entrevista en el programa Buenos Días, de LVDiez, la reconocida jurista advirtió que la discusión suele plantearse de forma reduccionista y emocional, especialmente cuando se analizan delitos graves cometidos por menores. Sin embargo, subrayó que cualquier reforma debe partir de un marco legal claro y de una comprensión integral del fenómeno.
Kemelmajer recordó que el primer elemento que debe considerarse es la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, vigente en el país desde 1989 e incorporada con rango constitucional en 1994. Esto implica que ninguna ley referida a la niñez puede ignorar sus principios. “No se pueden dictar leyes sobre niños y adolescentes sin mirar primero la Convención”, sostuvo.
La ex jueza remarcó que existe una percepción errónea, especialmente en sectores de la sociedad atravesados por el dolor de haber sufrido un delito, que asocia los derechos humanos con la protección de delincuentes. Según explicó, las convenciones internacionales buscan equilibrar derechos y responsabilidades, no amparar conductas delictivas.
Además, aclaró que la Convención no es un texto estático: cuenta con un comité internacional que interpreta y actualiza sus lineamientos, adaptándolos a los cambios sociales y culturales. Por eso, sostuvo que la discusión no debería centrarse exclusivamente en si la edad debe ser 16, 14 o 13 años.
Para Kemelmajer, el verdadero núcleo del problema no es la edad de imputabilidad, sino qué hace el Estado con el chico que infringe la ley penal. En ese sentido, calificó como “simplista” la idea de que bajar la edad resolverá la inseguridad. “Si el tema es complejo, la solución no puede ser simple”, afirmó.
La jurista fue tajante al desmentir otro de los mitos más extendidos: que un menor inimputable queda automáticamente en libertad sin intervención estatal. Por el contrario, explicó que incluso cuando un niño no puede ser juzgado penalmente, el Estado tiene la obligación de intervenir.
Esa intervención implica investigar las causas del delito, analizar el entorno familiar y social, y aplicar medidas de protección y acompañamiento, que incluso pueden incluir la separación del niño de su núcleo familiar si ese ámbito resulta dañino.
Uno de los conceptos centrales que atravesó la reflexión de Kemelmajer fue el de vulnerabilidad. Según explicó, todo niño —hasta los 18 años— se encuentra en una situación de vulnerabilidad, tal como lo reconoce la Convención y la jurisprudencia internacional.
Esa vulnerabilidad puede profundizarse por múltiples factores: consumo problemático de drogas, violencia familiar, abandono, exclusión social o explotación por parte de adultos. En ese marco, bajar la edad de imputabilidad implica, en los hechos, castigar con mayor dureza a quienes ya están en desventaja. “Cuando usted baja la edad de imputabilidad, recarga el castigo sobre el más vulnerable”, señaló.
Kemelmajer aclaró que la pobreza, por sí sola, no explica la criminalidad, pero sí genera contextos de mayor exposición a riesgos y manipulaciones. Aun así, destacó que la vulnerabilidad no distingue clases sociales: también puede afectar a adolescentes de sectores acomodados, por ejemplo, a través de las adicciones.
El mito del menor usado como “ejército del delito”
Otro de los argumentos habituales a favor de bajar la imputabilidad es que los adultos utilizan a menores para cometer delitos, aprovechando que no reciben sanciones penales. Para la ex jueza, esta explicación también es una falacia.
Según explicó, los adolescentes no delinquen simplemente porque “no les va a pasar nada”, sino porque existen necesidades, carencias y presiones previas que el Estado no abordó a tiempo. El problema, insistió, no comienza en el delito grave, sino mucho antes.
Frente a esto, Kemelmajer destacó la importancia de las prácticas restaurativas, que buscan reparar el daño social y reintegrar al menor a la comunidad, en lugar de profundizar su exclusión a través del sistema penal.
Puso como ejemplo situaciones en las que el Estado puede identificar habilidades positivas en el adolescente —como el deporte— y canalizarlas en espacios comunitarios, clubes o programas de integración. Este enfoque, recordó, fue utilizado incluso en procesos de reconstrucción social como el de Sudáfrica tras el apartheid.
“La cárcel no recupera a los chicos. Eso es una falacia muy grande”, advirtió.
Hacia el cierre, la jurista planteó una pregunta incómoda pero central: ¿dónde estuvo el Estado cuando ese chico cometió su primer delito menor? Para la jurista, los hechos más graves suelen ser la consecuencia de una cadena de omisiones previas.
Cuando el Estado no interviene a tiempo, la vulnerabilidad se profundiza y las posibilidades de reinserción se reducen. En ese sentido, sostuvo que bajar la edad de imputabilidad no solo no soluciona el problema, sino que empeora la situación del menor y no reduce los delitos.
Fuente: El Sol – https://www.elsol.com.ar/mendoza/bajar-la-edad-de-imputabilidad-por-que-para-kemelmajer-no-resuelve-el-problema-de-fondo/
