La comisión de Salud de la Cámara de Diputados, comenzó el análisis de un proyecto de ley que crea la Agencia de Prevención y Asistencia del Abuso de Sustancias y de las Adicciones de la Provincia de Mendoza.
Se trata de un ente autárquico con personalidad jurídica y capacidad para actuar en el ámbito del derecho público y privado, que se relacionará con el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, o el organismo que en el futuro lo reemplace.
La iniciativa, de autoría de la diputada Hebe Casado (Pro), tiene por objeto “garantizar una política integral y sistemática, abarcando la dimensión social, psicológica y biológica de personas, grupos y comunidades en lo referente al abuso y consumo de sustancias psicoactivas y de otras prácticas de riesgo adictivo”
La Agencia de Prevención y Asistencia del Abuso de Sustancias y de las Adicciones tendrá a su cargo entre otras, las siguientes funciones: planificar, programar, y elaborar estrategias y proyectos en materia de política de prevención de adicciones en el ámbito de la Provincia; prestar colaboración, llevando adelante políticas, programas y acciones conjuntas y coordinadas con las autoridades nacionales, provinciales y/o municipales en materia de prevención de las adicciones.
Además, proponer las modificaciones y/o reformas de la legislación en materia de prevención de las adicciones y formular e implementar planes y programas de asistencia tendientes a la recuperación y rehabilitación en centros e instituciones públicas y privadas a personas que presenten patología adictiva.
También establece la derogación de la Ley Provincial Nº 7.088 de “Creación del plan provincial de adicciones en el ámbito del Ministerio de Gobierno” y la creación de Delegaciones departamentales o regionales de carácter permanente o transitorio, en el interior de la Provincia.
En el inicio del tratamiento del proyecto de Ley, la comisión solicitó la opinión de Manuel Vilapriño, presidente de la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA) quien asistió de manera presencial.
El profesional dijo que “hay una grieta en las miradas para encontrar solución a la problemática adictiva”, afirmando que “en los últimos 20 o 25 años ha venido aumentado el consumo y también la complejidad y gravedad” que conllevan las adicciones.
Haciéndose eco de los estudios del Sedronar, Vilapriño sostuvo que en Argentina “el consumo de drogas comienza entre los 10 a 15 años”, lo que consideró “grave por las implicancias que tiene el consumo en un cerebro en pleno desarrollo”.
Si bien consideró que “el núcleo de contención no está funcionando“, sostuvo que “el problema número uno no es el Estado, sino la familia” por lo que agregó que “lo que debe pensar el Estado es implementar medidas para la prevención del consumo temprano”.
Vilapriño expresó en este sentido que “la realidad nos marca que la salud mental necesita una concepción de política de Estado”, haciendo hincapié en que la legislación vigente en materia de salud mental “tiene que ser reglamentada de otra forma”.
Al referirse al presupuesto disponible para hacer frente a la problemática de las adicciones manifestó que “primero hay que definir con precisión adónde y cómo serán usados esos recursos” y según su parecer, hay que destinarlo a “la prevención, promoción y asistencia”.
Aseguró que nuestro país tiene posibilidades de “mejorar el estado actual” de la cuestión, estimando que para ello hay que “fortalecer la atención y contención en el sector público ya que hay una franja de la población que no tiene acceso a la atención de la salud mental y para ello, remarcó, hace falta una decisión política y recursos humanos y económicos”.
El presidente de APSA puso los ejemplos de las provincias de Río Negro y Córdoba que “han avanzado en la prevención, asistencia y seguimiento” de las adicciones a través de distintos programas de salud.
La diputada Casado, por su parte, agregó que “si bien tiene que haber una política nacional en este sentido, también hay que darle a las provincias la posibilidad de trabajar en forma autónoma” para enfrentar esta problemática.
Los legisladores integrantes de la comisión continuarán la próxima semana con el tratamiento del mencionado proyecto de Ley.
Fuente: El Sol
