Mendoza está sumida en un gran problema, desde hace muchos años, y que por ahora no tiene solución: la excesiva cantidad de muertes y lesiones que provocan automovilistas que conducen de forma antirreglamentaria y/o temeraria.
En virtud de ese flagelo que está presente a lo largo y ancho de nuestra provincia, el Gobierno trabaja para tratar de contrarrestar una problemática que no deja de ser noticia, y tiene casos emblemáticos, que han acelerado este proceso, como la muerte de Alan Villouta, ocurrida en agosto de 2017 y que recientemente tuvo una novedad lamentable: prescribió la causa contra Alejandro Verdenelli, el responsable de atropellar y matar al joven Villouta, tras haber sido “cajoneada” durante muchos años en la Sala II de la Suprema Corte de Justicia. Villouta, luego de embestir a la víctima, se fugó en su camioneta Porsche Cayenne y demoró 60 horas en entregarse. Verdenelli había recibido una condena de apenas 3 años de prisión en suspenso en el 2020 y la apelación a este fallo hizo dilatar una causa que finalmente prescribió y de ese modo se extinguió la acción penal, quedando sin efecto la inhabilitación para conducir que pesaba sobre el empresario.
En ese contexto, el Gobierno de Mendoza a través del Ministerio de Seguridad y Justicia que comanda Mercedes Rus, elaboró un proyecto para modificar el Código Penal Argentino en sus artículos 84 bis y 94 bis, donde se sanciona a quienes provocan muertes y lesiones a partir de la conducción antirreglamentaria de un vehículo. El documento fue trasladado a la diputada nacional, Pamela Verasay, quien lo presentará en el Congreso para su tratamiento.
La iniciativa del Gobierno mendocino es que las penas contra conductores que provoquen muertes y luego se fuguen o que lo hagan estando bajo efectos de estupefacientes con 1 gramo o más de alcohol por cada litro de sangre, circulando a exceso de velocidad a 30 kilómetros por hora o más por sobre el máximo permitido, o al cruzar un semáforo en rojo, entre otros agravantes, reciban entre 4 y 10 años de prisión y una inhabilitación para conducir entre 8 y 12 años. Las penas actuales se ubican de 3 a 6 años de prisión y de 5 a 10 años de inhabilitación.
El mismo proyecto también prevé aumentar la escala de penas para quienes provocan lesiones en terceros (sin ocurrencia de muertes), conduciendo bajo alguna de las circunstancias antes mencionadas. En caso de aprobarse, serán de 2 a 6 años e inhabilitación de 3 a 8 años. Actualmente se ubican entre 1 y 3 años de arresto e inhabilitación de 2 a 4 años.
Para el Gobierno, el endurecimiento de las penas contra quienes cometen muertes o lesiones y luego se fugan, o lo hacen estando bajo efectos del alcohol o bien incumpliendo con normas obligatorias de tránsito, podría resultar una herramienta que mengüe la cantidad de sucesos de estas características que en la actualidad registra Mendoza.
Vale destacar que existe un proyecto similar al que propone el Gobierno de Mendoza, aunque focalizado contra quienes se fugan o no prestan auxilio luego de provocar muertes o lesiones mientras conducen. Se trata de una pieza elaborada por la senadora Anabel Fernández Sagasti, que prevé penas de 4 a 8 años de prisión para automovilistas que incurren en dicha acción.
Precisamente, el proyecto de Sagasti se desarrolló en base al caso Villouta. La legisladora dirigió fuertes críticas a la justicia la semana pasada, luego de conocerse la prescripción de la causa contra Verdenelli.
