El diputado nacional Álvaro Martínez presentó un proyecto que busca eliminar el uso de celulares en las cárceles del país y endurecer las penas para quienes los utilicen o faciliten su uso, incluyendo medidas para controlar las comunicaciones de los presos.
El uso de celulares en las cárceles de Argentina, una medida implementada de forma excepcional durante la pandemia, sigue siendo un tema de debate en el ámbito político y social. El diputado nacional mendocino Álvaro Martínez, (La Libertad Avanza), busca poner fin a esta práctica con un proyecto de ley que prohíbe definitivamente los teléfonos móviles en los establecimientos penitenciarios.
“Es increíble que aún estemos discutiendo este tema”, expresó Martínez a Diario San Rafael y FM Vos 94.5. “Los celulares se autorizaron durante la pandemia para suplir la falta de visitas, pero hoy se utilizan para seguir cometiendo delitos desde dentro de las cárceles”.
Martínez, impulsor de la propuesta, explicó que su proyecto no solo prohibiría el uso de celulares, sino que también contempla el agravamiento de las penas para los internos que los utilicen. “Creemos que ya ha llegado el momento de tomar decisiones serias”, afirmó el diputado. Según él, esta medida no solo apunta a los presos, sino también al personal del servicio penitenciario y a los abogados que visitan a los reclusos, ya que también se prevén sanciones para quienes faciliten el uso ilegal de estos dispositivos. “La ley hay que hacerla cumplir, y eso incluye a todos los que tienen un grado de responsabilidad, como son los funcionarios públicos y los abogados”, enfatizó.
El proyecto de Martínez también contempla medidas para garantizar que los reclusos puedan mantener contacto con el exterior, pero de forma controlada. “Los presos tienen derecho a comunicarse con su familia y sus abogados, pero en un ambiente controlado, como sucede en todas partes del mundo”, aclaró. La iniciativa propone la instalación de teléfonos públicos en las cárceles para que los internos puedan realizar sus llamadas bajo supervisión. “No se trata de invadir ningún derecho, sino de controlar y garantizar la seguridad, tanto de los presos como del resto de la sociedad”, sostuvo.
Organizaciones de derechos humanos han expresado preocupaciones respecto a la prohibición total del uso de celulares, argumentando que podría vulnerar los derechos de los presos. Sin embargo, Martínez respondió que “al estar privado de su libertad, todos los derechos no son absolutos”. Para el diputado, la prioridad debe ser la seguridad pública, y esta medida busca prevenir que los presos continúen delinquiendo desde la prisión. “El primer derecho que debe primar es la seguridad del resto de la gente”, subrayó. “Es una locura que el Estado permita que los presos sigan usando celulares para cometer estafas o manejar organizaciones criminales desde la comodidad de sus celdas”.
Otro de los puntos destacados del proyecto es la propuesta de que los internos utilicen uniformes que correspondan al grado de peligrosidad de cada uno, con el fin de facilitar su identificación dentro y fuera del penal. “No se trata de un acto discriminatorio o denigrante; es una medida de seguridad, tanto para los presos como para la sociedad”, explicó Martínez. En el caso de una fuga, argumentó, sería mucho más fácil identificar a un recluso si lleva un uniforme específico en lugar de ropa común. “Es un tema de control y de prevención”, añadió.
El proyecto también propone que los internos se hagan cargo del costo de la comida que consumen en prisión, una medida que busca reducir los costos del sistema penitenciario y fomentar la responsabilidad personal. “Entendemos que estas medidas pueden parecer duras, pero son necesarias para que los presos entiendan que están cumpliendo una condena y que eso implica ciertas restricciones”, puntualizó el diputado.
Actualmente, el proyecto de Martínez se encuentra en comisiones y el legislador espera que pronto sea tratado en el recinto. “Estamos insistiendo en su tratamiento, porque no podemos seguir permitiendo que se cometan delitos desde las cárceles”, concluyó. Según Martínez, de obtener media sanción en la Cámara de Diputados, la iniciativa pasará a Senadores, donde espera que también se le dé curso para convertirse en ley. “Es momento de tomar decisiones y garantizar la seguridad de los ciudadanos que cumplen con la ley”, finalizó.
