Luciano Gómez era un joven sanrafaelino de 18 años. En la madrugada del 20 de agosto de 2023 fue asesinado a sangre fría por la espalda a la salida de una fiesta de cumpleaños en Pueblo Soto.
Los sindicados como autores del crimen de «Lucho» son –hoy por hoy- cinco: cuatro mayores y un menor de edad. Entre los mayores están Alexis Antúnez (algunos testigos lo señalan como el autor de las puñaladas a Gómez), Ariel Benegas, Yair Orellana y Facundo Cervera. El quinteto de sindicados como autores del crimen se completa con un menor de edad que se encuentra detenido en la sede de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (el ex Cose) de Mendoza y seguirá su camino procesal frente a la Justicia penal de Menores. Actualmente, Antúnez, Orellana, Benegas y Cervera están acusados del delito de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas por lo que se encaminarían a un juicio por jurados populares y arriesgarían una condena a prisión perpetua.
Dentro de este contexto, la familia de Luciano se vio afectada psicológicamente por una pérdida inimaginable, como así también económicamente por haber solventado los gastos de los abogados.
Como el Estado sólo proporcionó acompañamiento a los imputados y no a los familiares de la víctima en sí, el diputado provincial Gustavo Perret (PJ) tras el pedido de Graciela Verón (mamá de Luciano) elaboró una iniciativa que contempla la creación de la “Ley Luciano”. La misma apunta a que el Estado provincial brinde apoyo psicológico y jurídico gratuito a familiares que se vean afectados por un crimen.
«A raíz de lo que pasó con Luciano tanto yo como uno de mis hijos nos vimos envueltos en una depresión profunda. De hecho, pedí ayuda psicológica en la Fiscalía y me dijeron que se iban a hacer cargo, pero hasta el momento no tuve una respuesta concreta. Lamentablemente, ir a un psicólogo de forma privada cuesta mucha plata. Con mi familia no teníamos ganas de hacer absolutamente nada. Estuve encerrada y en la cama durante mucho tiempo. Cuando tuve la voluntad de incorporarme a trabajar me encontré con un montón de deudas», manifestó a FM Vos 94.5 Graciela Verón.
«De hecho, cuando me enteré del asesinato de mi hijo yo estaba trabajando en Las Leñas. Me fui y nunca más volví. Por eso, lo que estamos pidiendo a través de esta ley es que haya apoyo psicológico para los familiares de las víctimas y un abogado defensor gratuito. El Estado a los asesinos les provee un letrado totalmente gratis. Les brindan mayor asistencia a los responsables de un crimen que a las víctimas», sostuvo.
Luego, continuó apuntando contra el sistema judicial y denunció un hecho sumamente grave que involucra a un menor de edad que se encuentra detenido en la sede de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (el ex COSE). «En este país vivimos en el mundo del revés. Uno de los menores imputados está alojado en el ex COSE y le dieron las salidas transitorias bajo la tutela de la madre para que vaya al colegio y a un centro de asistencia psicológica. Como al pibe lo vieron en un boliche denuncié está irregularidad con el juez. La respuesta que obtuve es que tenía que presentar las pruebas», aseguró Verón.
«No está monitoreado las 24 horas del día. Finalmente, conseguí las fotos que mostraban que esta persona estaba en el boliche y las presenté a la Justicia. Lo que quiero es que vuelva al COSE, el asesinó a una persona. No puede estar suelto como si nada. Como el Estado no lo castiga, está feliz. Ahora le determinaron la prisión domiciliaria, se siguen riendo de todos nosotros en la cara», exteriorizó la mamá de la víctima.
Para terminar, mostró su disconformidad ante el amparo de la Justicia con los delincuentes menores de edad. «El sistema protege al menor. Vos podés matar a alguien y si sos menor de 18 años no pasa nada. Por eso él tiene prisión domiciliaria y cuando estaba en el ex COSE podía salir e ir al boliche. Se ríe del Juez y del Estado. No se puede ir en contra del menor, se lo juzga de otra manera. De hecho, a él lo va a juzgar la Justicia del Menor. Este menor no solo asesinó a mi hijo, sino que también tiene un prontuario bastante importante. Me parece bien que el gobierno impulse la baja de imputabilidad a menores de 13 años. Estamos cansados porque las leyes van en favor de los que delinquen y matan», concluyó.
