Buscan regular la actividad de los camiones atmosféricos y ordenar la disposición final de efluentes en la provincia

La Cámara de Diputados otorgó media sanción a un proyecto que establece un marco normativo para la recolección, transporte y tratamiento de líquidos cloacales e industriales. La iniciativa crea un registro de transportistas, fija controles y prevé el cobro de cánones y tasas para garantizar la protección ambiental y sanitaria.

La Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley que apunta a regular de manera integral la actividad de los camiones atmosféricos, estableciendo pautas claras para la recolección, el traslado y la disposición final de los efluentes de origen sanitario e industrial. La iniciativa ahora deberá ser tratada por el Senado para convertirse en ley.

En diálogo con Diario San Rafael y FM Vos 94.5, la diputada Erica Pulido explicó que “este es un proyecto que tiene media sanción de Diputados, falta que pase por Senadores” y detalló que la propuesta “consta de la regulación en general de toda la recolección, el transporte y la disposición final de los líquidos o efluentes de origen sanitario e industrial”.

Uno de los principales fundamentos del proyecto es que actualmente no existe una normativa específica que ordene esta actividad. “Actualmente no existe una norma específica sobre esta actividad”, remarcó la legisladora, y agregó que, si bien hay disposiciones ambientales y sanitarias vigentes, ninguna aborda de manera puntual el circuito completo de los camiones atmosféricos.

Pulido señaló que el principal inconveniente radica en el destino final de los residuos líquidos. “Hoy hay muchos problemas, de los cuales el principal es la disposición final”, afirmó, y explicó que, ante la falta de reglas claras, “no es culpa del transportista, sino que, por falta de claridad, el residuo es arrojado en cualquier lado”.

En ese sentido, advirtió que se han detectado vuelcos en cauces aluvionales, canales de riego, fincas abandonadas e incluso en sectores de redes cloacales que no están preparados para recibir ese volumen. “No se debe arrojar en cualquier lado, ni en cauces aluvionales, de riego o en fincas abandonadas”, enfatizó.

La diputada subrayó que la iniciativa tiene un fuerte componente ambiental y sanitario. “Abarca medio ambiente, protección de recursos hídricos y salud pública; tiene tres patas bastante grandes”, sostuvo, al remarcar que la regulación apunta a proteger tanto el entorno natural como la salud de la población.

El proyecto incorpora la figura del operador, que será quien reciba los efluentes para su tratamiento final. “Aparece la figura del operador”, indicó Pulido, y explicó que se trata de los prestadores de servicios de saneamiento que ya funcionan en la provincia. “Los operadores son los que ya prestan servicios de saneamiento y van a tener un plazo regulado en la reglamentación de la ley por parte del Departamento General de Irrigación, que es la autoridad de aplicación”, detalló.

Según explicó, en los municipios que cuentan con red cloacal, los efluentes deberán ser trasladados a las plantas de tratamiento existentes, mientras que en otros casos se determinarán puntos habilitados conforme a la reglamentación. Una vez que el operador reciba el residuo, deberá aplicar las normas vigentes para su tratamiento y disposición final, bajo supervisión del organismo competente.

Otro de los ejes centrales es la creación de un registro de transportistas, ya que actualmente no existe un padrón oficial ni datos precisos sobre el volumen de líquidos transportados. “Ese dato actualmente no está o es erróneo porque no se tiene un registro claro de los transportistas”, reconoció la legisladora.

Para subsanar esa situación, el proyecto establece la implementación de un manifiesto de carga. “Esto va a estar acompañado de un manifiesto de carga; entonces ahí sí se va a saber cuánto genera el generador”, explicó Pulido, quien aclaró que la norma no solo abarca sistemas domiciliarios sin conexión a cloacas, sino también efluentes industriales.

A través de este mecanismo se podrá conocer cuántos metros cúbicos produce cada generador, quién los transporta y dónde se realiza el tratamiento final, lo que permitirá contar con información precisa y fortalecer los controles. “Hoy lo que sí se sabe es que es una actividad que necesita ser regulada”, afirmó.

La autoridad de aplicación será el Departamento General de Irrigación, organismo elegido por su especialización en la gestión del recurso hídrico. “Se designó a Irrigación porque es un organismo especializado en la gestión, tiene técnicos acordes y es el órgano que protege el recurso hídrico”, sostuvo la diputada, al destacar que la intención es evitar superposiciones y optimizar recursos.

En cuanto al financiamiento del sistema de control, la iniciativa prevé el cobro de un canon y de una tasa operatoria. “Esta ley propone un canon destinado a tareas de control y protección del recurso hídrico”, señaló Pulido. Además, indicó que habrá “un pago de una tasa operatoria que también está a cargo del generador, quien debe pagarla al momento de que el residuo ingrese a la planta de tratamiento”.

Consultada sobre el posible impacto en los usuarios, la legisladora explicó que los valores no diferirán sustancialmente de los que ya abonan quienes cuentan con red cloacal. “Son valores que no escapan a los que actualmente paga el resto de la gente que tiene cloacas”, aseguró.

Finalmente, respecto de los plazos legislativos, precisó que el proyecto será girado al Senado en los próximos 15 o 20 días y quedará sujeto a la agenda de tratamiento de esa cámara. “Ahora pasan unos 15 o 20 días, va al Senado y allí se definirá de acuerdo a la agenda de proyectos que tengan”, concluyó.