La Cámara Federal Casación Penal de la Nación dispuso este jueves que el Tribunal Oral Federal Nº2 de Mendoza, que ordenó la captura de Walter Bento a principios de noviembre del año pasado cuando se conoció su destitución en el Jury de Enjuiciamiento, dicte un nuevo pronunciamiento al entender que estuvo mal detenido porque la defensa había presentado un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia sosteniendo que esa resolución no se encontraba firme.
En un fallo sorpresivo, que fue por dos votos a uno y que generó varias interpretaciones, los camaristas Carlos Mahiques, Javier Carbajo y Gustavo Hornos -opinó que la orden de detención estuvo ajustada a derecho– anularon la resolución de la detención y habilitaron de esta forma a la defensa del removido titular del Juzgado Federal Nº1 a solicitar la libertad.
De hecho, trascendió que los abogados Mariano Fragueiro Frías, Felipe Salvarezza y Gustavo Gazali, lo harán en las próximas horas mientras se espera por un nuevo pronunciamiento, ya quedó sin efecto la resolución de las juezas del debate oral, Gretel Diamante, María Carolina Pereira y Eliana Ratta, quienes dispusieron la detención de Bento en un centro carcelario a las pocas horas de que el Jury le quitara los fueros.
A partir de ahora, las actuaciones “bajarán” al TOF Nº2 para que dicte una nueva sentencia “ajustada” a la interpretación que hicieron los camaristas. De todas formas, y a pesar de las especulaciones, fuentes judiciales señalaron que es probable que Bento continúe tras las rejas mientras las juezas dan a conocer los nuevos fundamentos, ya que los procesamientos con prisión preventiva continúan firmes.
Todo esto se ventiló en medio del debate oral que se encuentra en pleno desarrollo -continuará la próxima semana- y con el sospechoso privado de la libertad en la cárcel federal de Cacheuta desde el 8 de noviembre como jefe de una asociación ilícita que cobraba coimas para liberar presos y por los delitos de cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, entre otros delitos.
En su recurso, la defensa de Bento reclamó por su libertad “hasta tanto recaiga decisión definitiva de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que confirme el pronunciamiento del tribunal de enjuiciamiento de Magistrados de la Nación”.
Con base en este y a otros argumentos, el camarista Mahiques señaló: “Corresponde anular el pronunciamiento impugnado en cuanto adolece de fundamentación suficiente, lo que impide su calificación como acto jurisdiccional válido, en los términos del art. 123 del C.P.P.N. Las juezas de la anterior instancia no dieron, en efecto, tratamiento a las cuestiones traídas por la defensa en su escrito del 8 de noviembre, vinculadas con la ejecución de la prisión preventiva impuesta a Bento y la expresa voluntad de recurrir una sentencia adversa, por la vía del recurso extraordinario federal. Aparece claro que tanto de esa presentación cuanto de la impugnación en estudio, los argumentos defensistas apuntan a la imposibilidad de ejecutar la prisión preventiva ante la inmunidad de arresto que aún hoy ampararía a Bento”.
Por su parte, Carbajo coincidió con las consideraciones expuestas por Mahiques y agregó que “no se observa la intervención del Ministerio Público Fiscal ante la instancia anterior previo a la decisión cuestionada, la que en atención a las concretas particulares circunstancias del caso resultaba ineludible, a la luz de lo establecido en el artículo 120 de la Constitución Nacional”.
Procesado con prisión preventiva
La investigación contra Bento la inició el fiscal general Dante Vega. Luego el expediente recayó en el juez sureño Eduardo Puigdéngolas. El cuestionado magistrado terminó procesado en 15 casos de cohecho (coimas) y como líder de una banda que otorgaba beneficios a acusados de delitos graves a través de una red de abogados.
Entre ellos se encontraban los letrados Jaime Alba, Luciano Ortego, Javier Angeletti, Martín Ríos, Matías Aramayo y Luis Francisco Chato Álvarez, y el ex despachante de aduanas y nexo facilitador de la presunta organización, Diego Alfredo Aliaga (51), quien fue asesinado presuntamente por su socio Diego Barrera en 2020.
Para el fiscal Vega, existía una organización vertical en la que el magistrado tenía a sus mano derecha, quien establecía la conexión entre los presos con ciertos abogados defensores particulares y así arreglaba el pago de las coimas.
En ese sentido, los testimonios mencionan pagos de coimas en dólares para acceder a ciertos beneficios judiciales. También se sumaron pruebas documentales sobre los movimientos económicos del juez. Debido a esto, también fue procesado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero porque se consideró que su nivel de vida no coincidía con lo que cobraba como magistrado.
En julio del año pasado, comenzó a ser juzgado en el Tribunal Oral Federal Nº2. Luego en noviembre, el Jury lo destituyó y las magistradas que lideran el proceso oral ordenaron la detención.
Fuente: El Sol
