Caso Chocobar: un debate social y político

Luis Oscar Chocobar es un policía de la Bonaerense. El viernes 8 de diciembre caminaba, vestido de civil, por La Boca cuando vio cómo dos jóvenes asaltaban y apuñalaban diez veces a Frank Joseph Wolek, un turista estadounidense de 60 años. El policía se identificó ante los delincuentes, que escaparon. En ese momento, el efectivo le disparó por la espalda a uno de los jóvenes, Pablo Kukoc, que había apuñalado al turista. Tras el hecho, Wolek fue trasladado al hospital Argerich, donde fue atendido y semanas después dado de alta. Por su parte, el delincuente baleado murió días más tarde.
La causa quedó a cargo de Enrique Gustavo Velázquez, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia de Menores N° 7, quien decidió el procesamiento y embargo por 400 mil pesos contra el oficial por un supuesto “exceso en la legítima defensa”.
La semana pasada, Chocobar fue recibido por el presidente Macri, quien le expresó su “orgullo” de que haya efectivos que realicen su trabajo como él.
El hecho y las implicancias posteriores han deparado un nuevo debate en la sociedad argentina. Un debate que es social y político.
A nivel político, las expresiones de Macri fueron tomadas en dos sentidos: quienes apoyan la “heroicidad” de Chocobar y quienes ven en el accionar del efectivo un mero acto de abuso. Indudablemente, la jugada política del presidente fue arriesgada (algunos medios cercanos a su administración se animaron a criticarla), más aún cuando la investigación judicial está en pleno curso.
Los ciudadanos habitualmente exigimos medidas en pos de mejorar nuestra seguridad. Sin embargo, muchas veces pendulamos entre pedir rigidez estatal contra los hechos delictivos y manifestarnos en contra del “gatillo fácil”. Ambos reclamos son lógicos, y –como muchas veces ocurre- son los extremismos en ese tipo de actuaciones lo preocupante del caso. En un Estado de Derecho, tanto los delitos como los abusos de poder tienen un límite insoslayable: la ley. Perder de vista eso es caminar hacia más inseguridad y poner en riesgo la institucionalidad de la Nación.