Como informó nuestro diario, a fines de agosto comenzó una pericia en la pesquisa que busca esclarecer la muerte de la mendocina Florencia Magalí Morales, ocurrida durante la cuarentena, el domingo 5 de abril de 2020 en la Comisaría 25ª de Santa Rosa de Conlara, San Luis. Al respecto, dialogó con FM Vos (94.5) y Diario San Rafael Santiago Calderón, abogado de la familia de la víctima.
Según se dijo inicialmente, la mujer fue detenida por violar la cuarentena, cuando salió de su casa a buscar comida en medio de la restricción estricta. Tras el hallazgo del cuerpo sin vida, la Policía provincial sostuvo que se trató de un suicidio. No obstante, se llevaron adelante algunos peritajes que apuntaron hacia un posible asesinado.
El abogado de su familia relató que en el momento del hecho, en San Luis las personas podían circular dependiendo de la terminación del número de documento. “Magalí tenía dos hijos de 11 y 8 años, y una nieta a cargo de 3 años. Luego de dejarlos, se dirigió espontáneamente a la comisaría, porque allí tenía un policía de confianza que detentaba su tarjeta de cobro, ella iba a retirar la tarjeta para comprar alimento para los chicos. Ese policía no estaba y ahí hubo un cruce con el comisario (que se puede ver en las cámaras de seguridad), descartando aquella primera hipótesis de que la detuvieron en bicicleta. Ella ingresó a la comisaría y ahí se da un intercambio de palabras con el comisario y tras una discusión seria, la detienen por el Artículo 205, por el incumplimiento de estas medidas”, recordó, y agregó que si bien lo normal habría sido que la enviaran a su casa, quedó detenida a las 9 de la mañana y el deceso se da a las 18. “En el medio, le orinan la celda; aparece con lesiones en la autopsia en toda su integridad física; testigos que han manifestado que pidió auxilio durante todas esas horas”, dijo. Ante todo ello, estarían involucrados el comisario, el jefe de la comisaría y dos policías mujeres.
Aseguró que la familia de Magalí estaba en Mendoza, por lo que la Policía sabía que sus posibilidades de pedir auxilio eran nulas. “La vecina que le llevó ropa y que quedó a cargo de los hijos, no la pudo ver; no pudo llamar a un abogado porque estaba incomunicada, y su familia es mendocina”, destacó.
Si bien todos estos funcionarios policiales fueron indagados por los delitos de incomunicación, privación ilegítima de la libertad, lesiones, apremios, no lo han sido por la cuestión más importante: a raíz de dos pericias que se han dado en el último tiempo, se ha determinado que la hipótesis del homicidio por estrangulamiento prevalece sobre la de suicidio inducido, que eran las dos posturas que había que estudiar. “Nosotros solicitamos que se amplíe la imputación por el delito de femicidio”, aseguró.
El abogado recordó que hubo una autopsia incompleta, apareciendo las lesiones tiempo después. En la reautopsia faltaron datos también y el juez solicitó que la familia la pagara. Si bien han sido cesanteados, los imputados están en libertad.
