La Primera Cámara de Apelaciones en lo Civil de la Segunda Circunscripción Judicial de Mendoza revocó la condena contra el Gobierno Provincial en la demanda iniciada por Barry Gassimou. El vendedor ambulante, que fue investigado y luego sobreseído por el asesinato de la ex policía Florencia Peralta en 2017, reclamaba una indemnización por su detención.
La sentencia de los jueces Darío Fernando Bermejo, Sebastián Ariel Marín y Raúl Alejandro Bonino anuló la condena de primera instancia que obligaba al Estado a pagar a Gassimou $1.347.289,41. La Cámara determinó que la privación de libertad fue un acto judicial legítimo y no un «error judicial» que generara responsabilidad estatal.
El tribunal de alzada desestimó la alegación de que la prisión preventiva, impuesta a Gassimou tras el crimen de Peralta, fuera arbitraria o discriminatoria. La Cámara sostuvo que la coerción se sustentó en elementos objetivos que justificaban la sospecha inicial en esa etapa del proceso penal.
El principal elemento fue la tenencia y uso del teléfono celular de la víctima por parte de Gassimou a pocas horas del crimen, activándolo con un chip diferente. A esto se sumó el riesgo procesal, acreditado por la falta de arraigo del imputado (sin domicilio fijo y con residencia precaria vencida), lo que indicaba un peligro de fuga.
Los jueces indicaron que, aunque Gassimou fue finalmente absuelto (siendo Damián Ortega, pareja de Peralta, el condenado), los elementos iniciales eran suficientes para justificar el procesamiento por el delito de encubrimiento por receptación de cosa sospechosa, lo que hacía procedente la prisión preventiva. El fallo fue contundente al señalar que la medida no estuvo fundada en la «racialización» o «vulnerabilidad» sino en estos hechos concretos.
Respecto a la duración de la detención, que se extendió por catorce meses y nueve días, la Cámara concluyó que no hubo una «prolongación indebida» o «dilación injustificada».
El tribunal argumentó que el plazo se mantuvo dentro del máximo legal de dos años previsto por el Código Procesal Penal. Además, la detención se cumplió íntegramente de manera domiciliaria desde el 11 de septiembre de 2017, lo que constituye una alternativa «menos gravosa» para el imputado. Los jueces justificaron la duración del proceso por la complejidad de las pericias informáticas ordenadas al celular, lo que descartó cualquier falta de servicio por parte de la autoridad judicial.
La sentencia también se pronunció sobre el cálculo indemnizatorio. La condena inicial había determinado la pérdida de ingresos de Gassimou utilizando la base salarial de un vendedor de comercio en relación de dependencia.
La Cámara validó el agravio de la Provincia al corregir este error. Los magistrados determinaron que, dado que Gassimou era un vendedor ambulante que operaba en la economía informal, no era válido equiparar sus ingresos con la estabilidad y el salario de un empleado de comercio formalmente registrado.
Con estos argumentos, la Cámara Civil dio la razón al Estado Mendocino y rechazó la demanda de Barry Gassimou, resolviendo la causa CUIJ Nº 13-05708877-4 y revocando la condena.
