El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Carlos Castagneto, rechazó los cuestionamientos formulados a la nueva modalidad de percepción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que comenzará a aplicarse el 1° de abril, sostuvo que no representa un aumento encubierto de la alícuota y en consecuencia los precios de los productos alcanzados «no tienen por qué aumentar».

astagneto atribuyó las críticas a «un sector político» que no identificó, pero del que dijo que propone que «no tiene que estar más el Banco Central y no se tienen que pagar impuestos», lo que implicaría «la desaparición del Estado».

Asimismo, sostuvo que el pago del IVA es «muy bajo» en relación con el tamaño de la economía y que la nueva percepción ayudará a «aumentar la cantidad de contribuyentes» y ayuda a generar un sistema impositivo «más justo y equitativo».

El 10 de febrero, la AFIP emitió la Resolución General 5329, que dispuso que a partir del 1° de abril se aplicará una percepción del 3% del IVA en ventas de alimentos (con excepción de carnes, frutas y hortalizas), bebidas, productos de higiene personal y de limpieza, con una alícuota del 3% «sobre el precio neto de la operación que resulte de la factura o documento equivalente».

La medida fijó como piso de esa percepción un monto de $ 60, de lo que se desprende que alcanzaría a las ventas de $ 2.000 o más.

Luego de una serie de reclamos, entre los que se destacó el de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (Facpce), la AFIP modificó la norma por medio de la Resolución General 5334 del 21 de marzo, que elevó el monto a $ 3.000, de manera que el nivel mínimo de ventas pasó a ser de $ 100.000.

«No incrementamos el IVA como está circulando por ahí, no podemos incrementar un impuesto», subrayó el titular de la AFIP, en referencia a quienes sostienen que la percepción implicaría un aumento encubierto de la alícuota del 21% al 24%.

Castagneto agregó que tenía «la firme convicción de que en distintas actividades el pago del IVA es muy bajo» y que se decidió «empezar por la parte alimenticia» para aplicar la percepción.

También remarcó que con la medida «no se tiene por qué aumentar (el precio de) los alimentos, porque cuando uno compra leche o fideos ya tiene el IVA adentro».

«Lo que hacemos es adelantar, la percepción es un pago anticipado del IVA hasta el momento de la declaración jurada, que en unos casos es mensual y en otros trimestral», indicó al tiempo que señaló que «en este momento de crisis de la Argentina y del mundo, lo que queremos es una colaboración de parte de los empresarios en aquellos productos que no cambian de su condición».

Al respecto, explicó -sólo a modo de ejemplo, porque la percepción no se aplica a hortalizas- que «si yo vendo tomates y vuelven tomates, ahí va la percepción, pero si el tomate se lo usa para una pizzería, no se aplica», tal como se indicó en la reforma al artículo 8 de la resolución general, al aclarar que la medida alcanza a quienes «adquieran y comercialicen -sin transformación alguna-» alimentos, bebidas, productos de higiene personal y de limpieza.

La otra modificación fue la de elevar el monto de percepción de $ 60 a $ 3.000, lo que implica una venta de por lo menos $ 100.000, «con lo cual los almaceneros quedarían afuera», aseveró.

Castagneto atribuyó las reacciones en contra de la medida a que «estamos en un año electoral y toda medida que tomemos se va a buscar por ese lado».

Sin mencionar a un partido o dirigente en particular, sostuvo que «cuando un sector político dice que no tiene que estar más el Banco Central y no se tienen que pagar impuestos, es un desconocimiento del Estado, es la desaparición del Estado».

«Hay que saber para qué van los impuestos, lo que nosotros recaudamos, parte va al presupuesto nacional, parte va al PAMI, partes son fondos coparticipables y lo que son aportes y contribuciones van a obras sociales y a discapacidad», especificó ante Télam.

Para Castagneto, las críticas a la medida implican «usufructuar o mentir en política para ganar una elección, pero después hay que gobernar».

«Ya nos hemos encontrado con muchas mentiras, pero nosotros decimos la verdad: en este caso no aumentamos impuestos, hacemos una percepción. El que tenga una mejor propuesta, tenemos las puertas abiertas para escuchar», enfatizó.

En defensa de la medida, Castagneto sostuvo que «es una forma de buscar cómo podemos aumentar la cantidad de contribuyentes si tenemos este tipo de evasión o de elusión» y propender a un sistema impositivo «más justo y equitativo».

En ese sentido, confió en que, una vez que la percepción esté en marcha «va a aumentar la cantidad de contribuyentes» y equiparó la situación con «lo que pasó con el tema cárnico, donde hoy tenemos en la base de datos alrededor de 60.000 carnicerías que no estaban inscriptas».

«La evasión impositiva ronda entre el 30% y 35%»

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) busca completar una trazabilidad que analice toda la cadena comercial de una actividad determinada, con el objeto de reducir los niveles de evasión y elusión impositiva «que rondaría del 30% al 35%», confió el titular del organismo, Carlos Castagneto.

«Queremos tener una trazabilidad por actividad, algo que está faltando en la Argentina», expresó Castagneto. Señaló que «hasta ahora, no se trabajó una trazabilidad desde el origen hasta el consumidor final o hasta el último actor de una cadena comercial».

En consecuencia, advirtió, «aparecen ‘baches’ en los que la gran empresa paga, la intermedia no paga o paga poco y después no traslada eso a la más chica, o viceversa».

«Por eso estamos haciendo este tablero de control para ver cómo va fluctuando la parte impositiva en los distintos sectores de la producción y de la comercialización», indicó.

En ese orden, otros de los aspectos recalcados por Castagneto es el de los trabajos para la detección del trabajo no registrado y la trata laboral, para lo cual fue decisivo haber completado las áreas de Seguridad Social en las regionales de la Dirección General Impositiva (DGI).

Al respecto, señaló que «la media de incumplimiento es generalizada, pero en algunas actividades hay mucho fraude laboral y trabajo infantil, como en la producción de ajo, cebolla, frutilla, arándanos y en cítricos».

«Hay que tener en cuenta que en algunos cultivos las cosechas son temporales y otros anuales; con la carta de porte electrónica tratamos de reducir el margen de maniobra, es decir, la percepción del riesgo, y que también sienta el contribuyente que tiene un organismo que está estudiando, lo está analizando y lo está fiscalizando», especificó.

Para abordar esa tarea, precisó, la AFIP «tiene una matriz de riesgo en el área de fiscalización y un tablero de control con todos los operativos de Aduana, DGI o Seguridad Social o en conjunto, en los que detectamos trata laboral o trabajo no registrado, o bien subfacturación, o tratar de sacar por la frontera bienes de manera ilegal».

«Estamos haciendo una buena investigación y una gran fiscalización, pero esto nos demuestra que hay una evasión y una elusión importante en la Argentina, que rondaría el 30% al 35%, ese es el número que nosotros estamos teniendo en cuenta», aseveró.

Esa situación, puntualizó, «nos lleva a tomar medidas con respecto a Ganancias y al IVA, ya que en los estudios que hemos hecho vemos que, en el total de la recaudación de Ganancias, que son fondos coparticipables, un 40% lo paga la cuarta categoría (trabajadores registrados), un 40% de las empresas y un 20% restante se distribuye entre compra de bienes inmuebles o automotores, lanchas, etc».

«No nos cierra la ecuación -planteó-, estamos haciendo una investigación sobre grupos empresarios y encontramos por un lado facturas apócrifas y por otro el traspaso de facturas de un lugar a otro de los grandes estudios para tratar de evadir o eludir la parte impositiva en Ganancias. Y en IVA lo mismo, estamos viendo que siempre paga el consumidor final».