La Cámara Federal de Casación Penal resolvió que el empresario Ángelo Calcaterra y otros acusados en el caso Cuadernos sean juzgados por presunto pago de sobornos para beneficiarse con obra pública y no por delitos con aportes electorales, como pedían sus defensas.
El máximo tribunal penal anuló una sentencia del 19 de junio último en la que se había aceptado el planteo de la defensa de Calcaterra y se había enviado su caso al fuero electoral, según el fallo de la sala I integrada por los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques.
Ahora, por dos votos a uno, con la disidencia de Mahiques, se anuló esa decisión y se dio razón al fiscal ante esa instancia Raúl Plée, quien había planteado la nulidad de la decisión por falta de notificación previa a la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF).
«En el entendimiento de que la omisión de notificación e intervención de la querella en esta incidencia importa un perjuicio real y concreto para esa parte, corresponde hacer lugar al planteo de nulidad deducido por el representante del Ministerio Público Fiscal y al que adhiriera la parte querellante», concluyeron Petrone y Barroetaveña.
Los camaristas entendieron que en la apelación se introdujeron cuestiones «novedosas» para la situación de Calcaterra y su segundo en la empresa, Héctor Sánchez Caballero.
«Encontrándose elevadas a juicio estas actuaciones, aparece procedente la afirmación de los acusadores en cuanto a que el debate oral y público es el ámbito natural de discusión donde plantear las cuestiones de hecho y prueba», agrega la resolución de Casación.
Casación anuló así la decisión que había tomado en junio de enviar a investigación en el fuero electoral los pagos hechos por Calcaterra a ex funcionarios kirchneristas.
En la causa Cuadernos, todos los acusados, incluida la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, fueron ya enviados a juicio ante el Tribunal Oral Federal 7, que aún no puso fecha de inicio para ese debate.
En sendas resoluciones Casación rechazó también planteos de otros empresarios procesados como Hugo Dragonetti, Jorge Balán y Armando Loson, quienes pretendían ser investigados en el fuero electoral y evitar ir a juicio en el caso central.
