Causa Ganancias Deportivas: ¿por dónde anda la investigación?

Después de la controversia suscitada respecto a la competencia para investigar el caso, en junio de este año la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que era la Justicia Provincial quien debía abocarse a la investigación por la presunta comisión de delitos por parte de la estructura piramidal “Ganancias Deportivas” y de sus responsables. De esa manera, zanjó la diferencia de criterios que existía entre la justicia ordinaria y la Federal que, en ambos casos y a su turno, se habían declarado incompetentes.
En la resolución, el máximo tribunal nacional determinó –siguiendo el dictamen del Procurador General interino Eduardo Casal–, entre otras cosas, que “no era posible conjeturar todavía una hipótesis delictiva con características de criminalidad económica compleja o que posean un impacto socio económico de relevancia o trascendencia institucional” y que, “teniendo además en cuenta que la jurisdicción federal es de naturaleza excepcional y restringida, la justicia local que previno y que se declaró incompetente sin fundamentar su resolución, deberá continuar con el trámite de estas actuaciones a fin de subsanar las deficiencias señaladas y para resolver, luego, de acuerdo con lo que de ello surja”.
Así las cosas, y definido qué Poder Judicial debía investigar, los perjudicados por la estructura estimaron que la justicia local se abocaría de lleno a determinar las eventuales responsabilidades penales por el giro de una “empresa” que se quedó con varios millones de euros de sanrafaelinos en lo que –ya nadie discute- era una estructura defraudatoria. Sin embargo, y a cuatro meses de aquella resolución de la Corte Nacional, no resulta fácil hallar demasiadas respuestas en los tribunales locales acerca de cuáles han sido los pasos dados hasta ahora para poner nuevamente en marcha una causa que tiene centenares de denuncias. De hecho, la información se reduce a “se están tomando testimoniales”.
La cara opuesta de este tipo de maniobras estafatorias y de la actuación de la justicia parece ser la de “Generación Zoe”, cuyo funcionamiento era –a grandes rasgos- similar a la de Ganancias Deportivas. Leonardo Cositorto, máximo referente de esa organización, está hoy por hoy preso en una cárcel de Córdoba investigado por la justicia de aquella provincia acusado de la presunta comisión de los delitos de “estafas reiteradas y asociación ilícita”. La causa tiene otra veintena de imputados y detenidos, entre los que se encuentran el coach ontológico “Max” Batista y el contador Norman Próspero, Pero, además, también hay causas similares en su contra –en algunas se los acusa de “lavado de dinero”- en Rosario, Salta, Corrientes y Capital Federal.
A fines del año pasado, un abogado local que –según afirmaba- representaba a GD planteó la posibilidad de audiencias conciliatorias con los miles de perjudicados que la estructura dejó en nuestro departamento y en otros puntos del país. Dicha posibilidad nunca se concretó en la práctica y hoy los presuntos estafados por el esquema siguen esperando respuestas, sobre todo de la justicia.