Semanas atrás, Diario San Rafael dio a conocer la noticia sobre el procesamiento de varias personas en el marco de la causa en que se investiga la comisión de ilícitos contra el Estado Nacional con el otorgamiento apócrifo de pensiones por invalidez.
Para saber cuál es la situación de cada uno de los imputados y cómo continúa la causa, FM Vos 94.5 entrevistó al doctor Ignacio Sabás, fiscal federal, quien comentó algunos de los avances de la investigación.
«La causa en este momento está en una etapa de investigación, ya que estamos analizando varias pensiones con indicios de falsedad, así que estamos esperando el dictamen de los organismos técnicos especializados sobre su real otorgamiento. Además, aguardamos los resultados de varios informes, por ejemplo, uno que indique de cuánto sería el perjuicio que se le ocasionó al Estado Nacional», declaró c.
Después, precisó cuántas son las personas involucradas en este hecho delictivo. «Por ahora hay 11 personas, están todos imputados. Diez de ellas están procesadas y una con falta de mérito, aunque continúa siendo investigada. De ese total, dos tienen prisión domiciliaria, mientras que las demás están en libertad «, detalló Sabás.
Luego, se refirió en particular a la situación actual de los profesionales de la salud que se vieron envueltos en el escándalo de las estafas. «Están en libertad porque en el marco de la investigación no hay indicios de fuga ni han mostrado que hayan querido obstaculizar el proceso. Además, el delito parte de una pena mínima de tres años, que es excarcelable. De todas formas, siguen sujetos a la investigación de la causa y están involucrados en este proceso, por lo que se deben presentar cada 15 días o 20 días en el juzgado. También deben notificar si realizan algún cambio de domicilio. Si desean salir del país o la provincia necesitan la autorización judicial correspondiente. Hay que cumplir con una serie de requisitos que son los característicos por estar ligado a un proceso», especificó el fiscal federal.
A su vez, fue consultado sobre si tenía conocimiento acerca de la cantidad de pensiones falsas que se habían tramitado. «Todavía estamos trabajando sobre un muestreo. Son muchas las pensiones, pero no todas son falsas. Algunas son legítimas, así que estamos enfocados en unas 50, debido a que tenemos indicios de que esas son apócrifas», indicó.
«Con el correr de los meses, se va a poder determinar si hay más pensiones falsas. En caso de que se termine de comprobar su falsedad, el Andis (Agencia Nacional de Discapacidad) estimó que las dará de baja y tal vez tome acciones legales para que el dinero mal cobrado sea devuelto. Eso no es algo que dependa de mí. Además, como uno de los requisitos indispensables para que sea otorgada es vivir en condiciones de vulnerabilidad, pienso que no tendrán bienes a su nombre como para responder ante este fraude», manifestó el doctor Sabás.
Por otra parte, contó cómo operaba la supuesta banda de estafadores. «Le cobraban unos 50 mil o 60 mil pesos por la gestión. La persona lo único que presentaba era el DNI, mientras que quien organizaba se encargaba de conseguir los certificados médicos falsos para acompañar esta documentación como requisito excluyente para que sea otorgada la pensión. Se tomó conocimiento a través de una denuncia particular que se hizo en un organismo de la Procuración General de la Nación a cargo del doctor Marijuan. De allí, surge el nombre de Norma Bravo, la cual se dedicaría a tramitar pensiones. En ese momento comenzamos a investigar, intervenimos los teléfonos y descubrimos que estaban haciendo pensiones con certificados médicos truchos.
Al terminar la entrevista, señaló cómo continuará la causa. «En lo inmediato se va a determinar la falsedad de las pensiones que están siendo analizadas, y eventualmente imputar a nuevas personas por estos hechos. Podría haber nuevos involucrados, en principio quienes reciben estas pensiones apócrifas», cerró.
