La Cámara de Diputados de Mendoza, dio sanción final al proyecto que impulsa modificaciones a la Ley Nº 7.861 con el objeto de autorizar «el uso de dispositivos móviles y otras tecnologías, por parte del personal docente, no docente y alumnos en las escuelas de la provincia, tanto para las de gestión pública como privada, en todos sus niveles y modalidades».
Esta autorización, se realiza para «actividades pedagógicas a fines de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje supervisadas por el docente, quedando en manos de la autoridad de aplicación su autorización diferencial por niveles educativos si correspondiera».
A su vez, establece que «se autoriza también su uso en situaciones de emergencia en las que la utilización del dispositivo móvil resulte imprescindible. Este caso será autorizado por la autoridad escolar al frente del curso o por el personal directivo del establecimiento según corresponda».
El tópico ha deparado varios últimos años de discusión. De hecho, se han planteado estudios científicos y sondeos de opinión entre los usuarios de los aparatos. Así, algunas cosas parecen claras: los alumnos argentinos -y los mendocinos no son ajenos a ello- son de los que más se distraen en clase con el celular y la mayoría de los actores estiman que esa tecnología puede ser beneficiosa siempre y cuando su uso “esté ordenado”.
Como habitualmente ocurre en discusiones de este tipo, la teoría marca algunas cuestiones que luego la práctica desestima. Hoy por hoy, la mayoría de los pibes de nuestras escuelas utiliza sus teléfonos más para actividades ociosas (redes sociales y sitios de apuestas, sobre todo) que para buscar la información que hace a la educación formal.
La idea legal puede ser interesante y fructífera. Por ahora, hay que decirlo, es un desafío ingente teniendo en cuenta lo observado y practicado en nuestra sociedad.
