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Centros de discapacidad en crisis profunda por incumplimiento del gobierno nacional a la ley de emergencia sancionada en el Congreso

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Instituciones de San Rafael denunciaron atrasos en los pagos de programas nacionales y demoras en autorizaciones que afectan tanto a trabajadores como a personas con discapacidad. Realizaron una conferencia de prensa y anunciaron medidas de protesta.

La situación del sector de discapacidad en San Rafael volvió a quedar en el centro de la escena luego de que representantes de instituciones que trabajan con personas con discapacidad advirtieran sobre una crisis económica cada vez más profunda. En ese marco, centros de día realizaron una conferencia de prensa para visibilizar los problemas que enfrentan y reclamar respuestas ante atrasos en los pagos y demoras en las autorizaciones de prestaciones.

La actividad se llevó a cabo en el Centro de Día ANE y contó con la participación de diferentes instituciones del sector. El objetivo fue exponer públicamente las dificultades que atraviesan y advertir que la situación ya pone en riesgo la continuidad de los servicios que reciben las personas con discapacidad.

Un reclamo que se agrava con el tiempo

El licenciado Juan Palacios, vicedirector del Centro de Día Avanzar, explicó que la convocatoria busca visibilizar un problema que se arrastra desde hace tiempo y que se ha agravado en los últimos meses. “Nos hemos juntado los dos centros para visibilizar un poco la crisis tan compleja que está pasando el sector de discapacidad”, detalló a Diario San Rafael y FM Vos 94.5.

Uno de los puntos centrales del reclamo tiene que ver con el atraso en los pagos de prestaciones por parte de organismos nacionales. Según indicó Palacios, las instituciones arrastran una deuda que complica seriamente su funcionamiento cotidiano. “Ya llevamos casi 2 años con los mismos reclamos. Estos reclamos están vinculados obviamente al corte de la cadena de pagos”, señaló.

En ese sentido, explicó que los programas más importantes del sistema registran atrasos importantes. “El programa Incluir Salud y PAMI están debiendo octubre, noviembre y diciembre”, afirmó.

Deudas y demoras administrativas

La situación genera un fuerte impacto en el funcionamiento de las instituciones, que deben afrontar gastos permanentes sin contar con los recursos correspondientes. “Sinceramente nos están llevando a una crisis muy profunda en donde los centros de día y centros de rehabilitación estamos muy asfixiados económicamente”, sostuvo Palacios.

El profesional remarcó que las instituciones ya han realizado esfuerzos durante mucho tiempo para sostener la atención, pero advirtió que la situación tiene un límite. “Todas las instituciones tienen un límite, entonces ya no podemos tampoco endeudarnos más de lo que venimos sosteniendo en estos 2 años”, manifestó.

Palacios remarcó además que el problema no solo afecta a los trabajadores del sector, sino que impacta directamente en las personas con discapacidad que reciben los servicios. “En esto obviamente los que más sufren son las personas con discapacidad”, expresó.

Centros de día de San Rafael denunciaron atrasos en los pagos de prestaciones y dificultades económicas para sostener los servicios

El impacto en los servicios y el empleo

Las instituciones cumplen un rol central en la atención diaria de los usuarios, brindando contención y diferentes servicios que contribuyen a mejorar su calidad de vida. “Las instituciones son las que trabajamos para alojarlos a ellos, para brindarles el mejor servicio que se merecen y que puedan mejorar su calidad de vida, proyectar su vida, su autonomía y su independencia”, explicó.

Sin embargo, el dirigente cuestionó la falta de respuestas por parte del Estado frente a los reclamos del sector. “Es un Estado ausente”, afirmó. Además de los atrasos en los pagos, otro de los problemas que preocupa a las instituciones es la demora en las autorizaciones de nuevas prestaciones para los usuarios que buscan acceder a los servicios. “Otra de las problemáticas tiene que ver con la demora de las altas de las prestaciones”, indicó.

En ese sentido, explicó que el proceso administrativo puede extenderse durante varios meses, lo que genera complicaciones para las familias y retrasa el inicio de los tratamientos. “Desde que uno sube todos los expedientes hasta que lo autoriza Incluir Salud o PAMI hay demoras entre 3 o 4 meses”, señaló.

Esta situación afecta a muchas familias que buscan un espacio para la atención de sus hijos o familiares. “Hoy en día hay bastante demanda para los centros de día. San Rafael tiene una población muy grande en relación a la persona con discapacidad”, comentó.

En paralelo, Palacios explicó que el funcionamiento de las instituciones implica una estructura importante de trabajo y servicios diarios. “Los centros de día trabajan con jornada simple y jornada doble, y cuando hablamos de jornada doble se le brinda desayuno, almuerzo y colación al concurrente”, explicó. También remarcó que cada institución cuenta con una importante cantidad de trabajadores que dependen de estos recursos. “Todas las instituciones no tienen menos de 20, 30 o 40 empleados”, señaló.

Medidas de protesta y cese de actividades

Frente a este panorama, desde el sector decidieron comenzar con medidas de protesta para visibilizar el reclamo y exigir respuestas urgentes. “Hoy (viernes) hubo cese de actividades y seguiremos en esta lucha”, adelantó.

La medida, según explicó Palacios, continuará durante la próxima semana si no hay avances en las gestiones. “Se va a prolongar el cese de actividades, fue hoy y va a ser miércoles y jueves de la semana que viene”, indicó. El dirigente advirtió que si la situación no se resuelve, las protestas podrían profundizarse. “Si no se regularizan los reclamos, esto puede profundizar un cese de actividades mayor”, sostuvo.

Finalmente, Palacios realizó un llamado a la comunidad para acompañar el reclamo del sector, remarcando que se trata de un problema que involucra a toda la sociedad. “Quiero llamar a toda la sociedad de San Rafael para que nos ayude y se comprometa con este acompañamiento. Esto tiene que ver con un reclamo en donde no podemos dejar a las personas con discapacidad con faltas de sus servicios y tratamientos”, concluyó.

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