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Ciberdelitos y reforma penal: «No alcanza con perseguir al estafador si el sistema bancario sigue siendo inseguro»

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La abogada Cynthia Castro analizó el anteproyecto de reforma del Código Penal que busca tipificar delitos informáticos como la suplantación de identidad y la difusión de imágenes íntimas. Si bien celebró la actualización normativa, advirtió sobre los vacíos legales que dejan desprotegidos a los usuarios frente a la falta de inversión en seguridad de las entidades financieras y billeteras virtuales.

La urgencia de tipificar la realidad virtual

El avance tecnológico ha creado escenarios delictivos que la justicia argentina, hasta ahora, intentaba resolver mediante analogías legales que a menudo vulneraban el derecho de defensa. El nuevo anteproyecto busca reconocer al ciberdelito como un fenómeno autónomo con respuestas penales específicas. «Se está impulsando una reforma profunda para agrupar y regular de manera integral los ciberdelitos. El proyecto penaliza los fraudes digitales, castigando a quien comercializa información o claves personales obtenidas mediante engaños electrónicos. También incorpora la suplantación de identidad y, algo fundamental, la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, aunque hayan sido grabadas de forma voluntaria», dijo Cynthia Castro en diálogo con FM Vos 94.5.

«Además, se agrava notablemente la figura del grooming, regulándolo bajo la órbita del abuso sexual infantil, lo que implica penas mucho más severas para proteger a los menores en el mundo virtual», destacó en ese tramo de la comunicación.

El vacío legal: la responsabilidad de los bancos

Para Castro, la propuesta legislativa es actualizada en lo que castiga, pero deficiente en lo que deja de proteger. El foco de su crítica apuntó a la negligencia informática de las instituciones financieras que eximen su responsabilidad culpando al usuario. «El anteproyecto tiene un vacío legal crítico: no incorpora la responsabilidad que deberían tener los bancos y las billeteras virtuales frente a la inseguridad informática. Hoy, si sos víctima de una estafa, la institución se lava las manos diciendo que vos compartiste la clave», aseguró.

«En países como Estados Unidos, si ponés mal una clave dos veces, el banco te bloquea preventivamente y te llama por sospecha de fraude. Aquí no existe una protección integral del consumidor. El Estado, por omisión, permite que este proyecto salga sin exigir a las plataformas que inviertan en seguridad real», advirtió.

Advierten que más allá de los artículos del Código Penal, la efectividad de la Justicia dependerá de la capacidad operativa del Poder Judicial para investigar rastros digitales complejos

Inversión versus inteligencia delictiva

Dentro de ese marco, la abogada subrayó que la ley por sí sola no frenará el delito si no viene acompañada de recursos técnicos y una bajada de línea clara desde el Banco Central para elevar los estándares de seguridad en el país. «No es posible que a través de un simple enlace de un número desconocido te puedan robar las claves de toda una vida. Esa vulnerabilidad se debe a la falta de inversión. El delincuente informático tiene una inteligencia que se perfecciona día a día, y nosotros recién después de 20 años estamos poniéndole nombre a los delitos», manifestó.

«Estamos en una desventaja temporal enorme. Si el sistema informático sigue siendo poroso, por más que hagamos cincuenta leyes, la víctima seguirá sin respuesta porque muchos de estos delincuentes operan desde otros países y son inalcanzables», reparó.

Recursos humanos y materiales: el otro gran interrogante

Más allá de los artículos del Código Penal, la efectividad de la Justicia dependerá de la capacidad operativa del Poder Judicial para investigar rastros digitales complejos. «Una cosa es presentar el proyecto de ley y otra muy distinta es dotar al Poder Judicial de las herramientas necesarias. Si no hay un soporte en materia de recursos materiales y humanos especializados para perseguir estos delitos, la justicia seguirá siendo solo un deseo», admitió la experta jurídica.

«Se debe responsabilizar a las plataformas por la inseguridad que brindan, porque sus deficiencias son la característica principal que permite que el fraude ocurra. Solo cuando las empresas sean responsables por su falta de inversión, el usuario estará realmente protegido», enfatizó Castro sobre el cierre de la entrevista.

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