En junio 2019, un ataque sexual a una joven conmocionó a los vecinos de la Quinta Sección, en las inmediaciones de la avenida Arístides Villanueva. Un hombre que residía en ese sector irrumpió en la casa de una vecina y, valiéndose de un cuchillo, la obligó a masturbarle y practicarle sexo oral.
El autor, identificado como Alejandro Ibañez Yelachich (44), fue detenido a los pocos minutos y los detectives del caso descubrieron que no era la primera vez que tenía roces con la ley: en 2010 le había clavado una lapicera en el cuello a un amigo y lo dejó al borde de la muerte.
Al profundizar sobre esa causa, supieron que estaban frente a un caso complicado, ya que había sido declarado inimputable por estar diagnosticado con esquizofrenia paranoide. En esa oportunidad la Justicia determinó que se había tratado de un brote a raíz de su enfermedad y que no fue consciente de su accionar.
A partir de allí, la investigación por el abuso se centró en una cuestión: ¿había comprendido Ibañéz Yelacich la criminalidad de sus actos? Después de numerosos peritajes oficiales y de parte, nada estaba dicho, ya que las opiniones de los especialistas variaban.
Finalmente, a fines del año pasado el juez Diego Lusverti determinó durante el debate en su contra que era inimputable, por lo que fue absuelto.
Más allá de eso, el magistrado del Tribunal Penal Colegiado Nº 1 dispuso su internación en una institución psiquiátrica por el plazo de 12 años, a fines de evitar que cometiera nuevos ataques.
Meses después del fallo, a través de su defensa oficial, Ibáñez Yelachich fue autorizado a salir una vez por semana del nosocomio psiquiátrico para practicar natación en el Campo de Deportes de la UMAZA.
En las últimas semanas, una nueva resolución amplió sus beneficios para realizar caminatas tres veces por semana, para almorzar con su familia los domingos y también para iniciar un tratamiento psicológico en otro instituto de salud mental.
La situación generó un fuerte temor y preocupación por parte de la víctima del abuso sexual y de su entorno, según lo aseguró el querellante Leandro Cáceres al ser consultado por El Sol.
El letrado explicó que, más allá de que no hubo una condena a prisión contra Ibáñez Yelachich, su clienta había quedado conforme y con tranquilidad porque su abusador iba a permanecer más de una década encerrado en una clínica psiquiátrica.
No obstante, las recientes decisiones que tomó la Justicia en torno al caso provocaron que la joven volviese a sentirse insegura y con miedo de sufrir un nuevo ataque o algún tipo de represalia por parte del agresor, señaló su representante legal.
Pero eso no es todo, debido a que la sentencia del juez Lusverti fue casada por la defensa oficial del paciente esquizofrénico, aún tiene posibilidades de que la Suprema Corte modifique el fallo y que baje los años de internación.
El temor de los vecinos de la Quinta
De la investigación que se desarrolló contra Ibáñez Yelachich surgió que los residentes del sector de la Quinta Sección el que vivía, en calle Paso de los Andes entre Arístides Villanueva y Sargento Cabral, le tenían temor por su manera de actuar.
Testigos describieron que nadie lo controlaba, era conflictivo, solía circular alcoholizado por las calles y le gritaba cosas fuera de lugar a las mujeres. Su vecina no era la excepción, ya que en varias oportunidades le decía groserías al pasar.
La situación jamás había pasado del acoso verbal, hasta el 7 de junio de 2019. Ese día, cerca de las 19, Ibáñez Yelachich llamó a la puerta en la casa de la joven, en un evidente estado de ebriedad.
Pero la víctima se negó a abrirle, por lo que el atacante le dio una patada a la puerta y consiguió ingresar. Acto seguido, correteó a la muchacha hasta su dormitorio, sacó un cuchillo y se bajó el cierre.
Mediante las amenazas con el arma blanca, Ibáñéz Yelachich consiguió que la joven lo masturbara y hubo contacto oral, describieron fuentes allegadas a la causa.
Posteriormente, le arrancó la ropa y la acorraló contra un placard. Pero la víctima ofreció resistencia y logró que su vecino se retirara. Mientras se iba, le dijo, palabras más, palabras menos: «De esto olvidate, no pasó nada. Y ni se te ocurra mandarme la factura de la cerradura de la puerta».
La chica le dio aviso a la línea de emergencias 911 y mientras esperaba la llegada de los policías, escuchó que el autor salió al patio de su vivienda y abrió otra cerveza.
Al cabo de algunos minutos, uniformados llegaron a la escena y luego de escuchar a la víctima aprehendieron a Ibáñez Yelachich en su domicilio.
En la causa tomó intervención el fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual Gustavo Stroppiana, quien lo imputó por abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el uso de arma.
La investigación y el debate
A partir de allí, el represente del Ministerio Público enfrentó, junto a la querella, una verdadera batalla judicial para demostrar que el acusado había sido consciente de sus actos.
El primer peritaje psicológico que le practicaron entre tres especialistas del Cuerpo Médico Forense (CMF) arrojó que Ibáñez Yelachich era imputable y que había comprendido la criminalidad del abuso que perpetró contra su vecina.
Luego, la defensa oficial presentó un perito de parte, que contradijo ese estudio del CMF. Básicamente, sostenía que la enfermedad que padece es degenerativa y que su cuadro era grave, por lo que el ataque fue a raíz de un brote.
La querella también presentó un perito, pero jamás pudo realizar la entrevista, ya que el imputado se negaba. Lo mismo sucedió cuando un equipo interdisciplinario del Hospital El Sauce, donde permaneció detenido en el pabellón judicial, intentó abordarlo.
Así las cosas, la causa llegó a juicio en 2021 y la atención estaba puesta en la palabra de los profesionales de salud mental que tenían que opinar sobre la situación de Ibáñez Yelachich.
En medio del debate, hubo una declaración que generó polémica. Fue la de un perito del CMF que se contradijo con lo que había diagnosticado durante la instrucción, ya que frente al juez Lusverti aseguró que el acusado era inimputable.
El juicio transcurrió durante varias semanas a fines de noviembre se desarrollaron los alegatos en los que la Fiscalía pidió el mínimo de 8 años de prisión, la querella solicitó 12 años de encierro y la defensa la absolución por inimputabilidad.
El 30 de ese mes, Lusverti dictaminó que Ibáñez Yelachich no podía ser condenado porque su cuadro esquizofrénico y ordenó su alojamiento en el instituto de salud mental.
Fuente y Fotos: Gentileza El Sol
