Una investigación publicada por Clarín volvió a poner en primer plano uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de nuestro departamento. El asesinato del estudiante bonaerense, a manos de efectivos policiales, no solo dejó una huella imborrable en su familia, sino que expuso a San Rafael ante todo el país y desencadenó una profunda crisis institucional.
Hay acontecimientos que, por su gravedad y trascendencia, terminan convirtiéndose en una marca difícil de borrar para una comunidad. San Rafael tiene uno de ellos: el crimen de Sebastián Bordón, el joven de 18 años que en octubre de 1997 llegó a nuestro departamento para disfrutar de su viaje de egresados y terminó encontrando la muerte como consecuencia del brutal accionar de integrantes de la Policía de Mendoza.
A 29 años de aquel episodio, el diario Clarín publicó este fin de semana un extenso artículo en el que reconstruye los acontecimientos y recupera aspectos de la historia de uno de sus principales responsables, el excomisario Hugo Trentini, condenado por el asesinato del estudiante y, posteriormente, por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.
La publicación vuelve a colocar a San Rafael en el escenario de una tragedia que excedió largamente los límites de nuestro departamento. Porque el asesinato de Bordón no solamente representó uno de los casos más aberrantes de violencia institucional de aquella época, sino que también tuvo consecuencias sobre una comunidad que, de un día para otro, quedó expuesta ante la opinión pública nacional.
Durante aquellas jornadas de octubre de 1997, San Rafael pasó a ocupar un lugar central en los principales medios de comunicación del país. Las imágenes, los testimonios, las sospechas y las denuncias llegaban diariamente desde un destino que hasta entonces era reconocido principalmente por sus paisajes, sus atractivos turísticos y la hospitalidad de sus habitantes.
El contraste resultó demoledor. La actuación criminal de un grupo de policías terminó proyectando una imagen profundamente negativa sobre todo un departamento, que debió soportar cuestionamientos, críticas y generalizaciones provenientes especialmente de Buenos Aires. En medio de la conmoción, no siempre se establecieron las diferencias necesarias entre los responsables del crimen, la institución a la que pertenecían y una sociedad que también observaba horrorizada lo que había sucedido. De hecho, el lugar donde fue hallado el cuerpo de Bordón llegó a ser bautizado como “Cañón del Diablo”.
Por supuesto, ninguna consecuencia sobre la imagen de San Rafael puede compararse con el sufrimiento de la familia Bordón, que perdió a un hijo de manera irreparable. Sin embargo, recuperar aquella dimensión local resulta necesario para comprender hasta qué punto el episodio impactó sobre una comunidad que quedó involuntariamente asociada a uno de los hechos policiales más resonantes de la historia argentina.
Un crimen que expuso lo peor de una institución
Sebastián Bordón había llegado desde Moreno, provincia de Buenos Aires, junto a sus compañeros de la Escuela Media 13, en un viaje de egresados que tenía como destino el centro de esquí Las Leñas, Malargüe. Durante la estadía en el sur mendocino, el joven, que habría tenido problemas de comportamiento y con compañeros en el colectivo, por decisión de los docentes terminó bajo custodia policial en el destacamento de El Nihuil, dependiente de la Comisaría 38 de San Rafael. Allí pasó la noche del 1 de octubre de 1997, bajo la responsabilidad del cabo Esteban Merelo. Al día siguiente se produjo un incidente con el efectivo policial, tras el cual Sebastián abandonó el edificio y escapó corriendo, dando inicio a una persecución que terminaría de la peor manera.
De acuerdo con la reconstrucción publicada por Clarín, tres policías encontraron al joven, lo golpearon y, siguiendo instrucciones del entonces comisario Hugo Trentini, lo ocultaron mientras su estado de salud se deterioraba. Sebastián permaneció sin asistencia médica hasta morir y su cuerpo fue encontrado el 12 de octubre, precisamente el día en que habría cumplido 19 años, en un barranco del Cañón del Atuel, aproximadamente a dos kilómetros del destacamento policial donde había permanecido bajo custodia.
La investigación también dejó al descubierto maniobras para desviar la búsqueda, versiones falsas sobre el paradero del estudiante y una cadena de encubrimientos que agravó todavía más la responsabilidad institucional.
En el año 2000, después de uno de los debates judiciales más extensos que había conocido San Rafael, con casi 200 testigos, llegaron las condenas. Trentini recibió una pena de 15 años de prisión por homicidio, mientras que otros efectivos fueron sentenciados por su participación en las agresiones y el abandono de la víctima.
El caso representó un verdadero punto de inflexión para la Policía de Mendoza. Su repercusión contribuyó a impulsar una transformación del sistema de seguridad provincial, con reformas destinadas a modificar estructuras, mecanismos de control y responsabilidades dentro de una fuerza que había quedado profundamente desacreditada.
La gravedad de lo ocurrido no admitía interpretaciones complacientes: quienes tenían la obligación de garantizar la seguridad de un adolescente habían participado de su muerte y de las maniobras destinadas a ocultar la verdad.
El pasado de Trentini y una revelación estremecedora
Uno de los aspectos más impactantes del artículo de Clarín está relacionado con el pasado de Hugo Trentini, quien años después de su condena por el crimen de Bordón volvió a enfrentar a la Justicia, esta vez por su actuación durante la última dictadura militar.
El excomisario había prestado servicios en la Comisaría 32 de San Rafael, señalada como uno de los lugares donde se cometieron graves violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado. En 2017 fue condenado a prisión perpetua por delitos que incluyeron homicidios agravados, tormentos y privaciones ilegales de la libertad.
La situación vuelve a instalar interrogantes acerca de las responsabilidades institucionales, los mecanismos de control y la permanencia de determinadas prácticas dentro de las fuerzas de seguridad, particularmente en una etapa de la historia argentina en la que todavía se arrastraban estructuras y protagonistas vinculados al período dictatorial.
Una madre que convirtió el dolor en solidaridad
La otra cara de la historia, según destaca Clarín, está representada por Miriam Medina, la madre de Sebastián, quien durante casi tres décadas sostuvo un compromiso permanente con la memoria de su hijo.
En Moreno, la mujer impulsó desde 2002 un espacio comunitario conocido como La Casita de Sebastián, donde se desarrollan actividades de acompañamiento y asistencia destinadas a familias y niños. Una iniciativa que convirtió una tragedia personal en una herramienta de solidaridad y compromiso social.
La publicación también recuerda que cada aniversario del crimen vuelve a reunir a familiares y representantes de organizaciones vinculadas a los derechos humanos, tanto en San Rafael como en El Nihuil, donde la memoria del joven permanece presente.
La historia de Miriam constituye, probablemente, uno de los testimonios más contundentes de lo ocurrido. Frente a la violencia, el encubrimiento y la pérdida irreparable de su hijo, eligió sostener durante décadas una tarea orientada a ayudar a otras personas.
San Rafael y una historia que no debe olvidarse
Veintinueve años después, el crimen de Sebastián Bordón continúa siendo una referencia inevitable cuando se repasan los episodios de violencia institucional que marcaron a Mendoza y al país.
Para San Rafael, además, representa un capítulo especialmente doloroso. No solamente porque ocurrió dentro de nuestro territorio, sino porque durante aquellos días de 1997 el nombre del departamento quedó asociado a un crimen atroz y a una institución policial cuyos integrantes protagonizaron conductas incompatibles con cualquier principio de legalidad y respeto por la vida.
La mirada retrospectiva permite establecer una diferencia que entonces, en medio de la conmoción nacional, muchas veces quedó desdibujada: San Rafael fue el escenario de aquella tragedia, pero sus habitantes no fueron responsables de ella. Las responsabilidades tuvieron nombres, apellidos, cargos y condenas judiciales.
Aquella exposición pública dejó una enseñanza que trasciende el paso del tiempo. El prestigio de una comunidad puede verse profundamente afectado por las acciones de quienes ejercen responsabilidades institucionales y, precisamente por eso, la exigencia de transparencia, justicia y controles efectivos debe ser permanente.
Recordar a Sebastián Bordón no significa solamente volver sobre una tragedia que conmovió al país. También implica reconocer que ninguna institución puede estar por encima de la ley, que el abuso de poder puede tener consecuencias irreparables y que una sociedad democrática tiene la obligación de impedir que hechos semejantes vuelvan a repetirse.
Porque, a 29 años de aquel octubre de 1997, la verdadera deuda sigue siendo con Sebastián, con su familia y con una memoria que San Rafael también tiene el deber de preservar.
