Cobos y diputados radicales pidieron explicaciones por el freno a la obra pública
La suspensión de la obra pública en Mendoza y otras provincias genera preocupación. Un grupo de diputados radicales, entre los que están Julio Cobos, Lisandro Nieri y Pamela Verasay, han decidido impulsar un pedido de informes al Gobierno nacional para que explique por qué se han frenado aquellos proyectos que cuentan con financiamiento de organizamos internacionales, como el BID o el Banco Mundial.
El pedido se presentó este viernes por la tarde en la Cámara de Diputados de la Nación. Cobos explicó que “sabemos que el oficialismo tomó la decisión de suspender la obra pública, pero es fundamental conocer en detalle lo que esta decisión implica porque afecta directamente a millones de personas“.
El ex gobernador de Mendoza indicó que, si bien originalmente las obras con financiamiento de organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, El Banco Mundial o la CAF -Banco de Desarrollo de América Latina- iban a “seguir su marcha normal”, por el momento también están en veremos y sin ejecución.
“Esto es particularmente importante, ya que esos créditos de no ser utilizados pagan sobrecargos o multas, es decir, es más oneroso no usarlos que sí hacerlo“, recordó el diputado nacional por Mendoza.
Qué detalle pidieron en el informe al Poder Ejecutivo:
a) Organigrama administrativo del Ministerio de Infraestructura y Secretarías que lo integran; así como de Vialidad Nacional y del Ente Nacional de Obras Públicas y Saneamiento (ENOHSA).
b) Detalle de las obras públicas nacionales con financiación de fondos multilaterales internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF), Banco Mundial, u otros; que están en ejecución así como su estado de avance porcentual certificado en los meses de diciembre del año 2023 y enero del año 2024, indicando el ente u organismo o empresa pública que las ha licitado, considerando sólo las obras cuyo monto básico de licitación fuese igual o mayor a 1000 millones de pesos.
c) Detalle de obras públicas nacionales financiadas por el Tesoro Nacional que están en ejecución y su grado de avance porcentual certificado en los meses de diciembre del año 2023 y enero del año 2024, indicando el ente u organismo o empresa pública que las ha licitado, considerando sólo las obras cuyo monto básico de licitación fuese igual o mayor a 1000 millones de pesos.
d) Planes de vivienda social en ejecución, en particular los desarrollos urbanísticos del Procrear II y cuáles se han suspendido.
e) Detalle de la política de vivienda que realizará el gobierno y si se prevén esquemas de financiación para primera vivienda.
f) Modalidad y plazo de implementación del sistema de obras por iniciativa privada “a la chilena” conforme lo manifestado por el presidente en su discurso de asunción el día 10 de diciembre de 2023.
El impacto
La información sobre el panorama de los proyectos iniciados en el país apunta a que las empresas constructoras no reciben pagos desde noviembre y se habrían despedido a unos 70 mil trabajadores de la construcción.
“Entendemos que la obra pública no es un gasto, sino una inversión necesaria para mejorar la calidad de vida de millones de habitantes del país. Hoy en Argentina, casi el 40% de la población aún no tiene cloacas y hay un déficit habitacional de más de tres millones de viviendas, está claro que si baja la inflación a tasas internacionales podrá reaparecer el crédito hipotecario, sin embargo, con los salarios medios actuales es imposible acceder a una vivienda“, señaló Cobos.
Para el legislador nacional, el freno a la obra pública complicará otros aspectos de la economía, como las exportaciones si no hay rutas adecuadas o infraestructura ferroviaria y portuaria.
“Seguramente en algunos casos se podrá implementar la inversión privada, pero aun en el modelo chileno que el presidente de la Nación toma como ejemplo a seguir, sólo el 7 % de las obras públicas se hace por iniciativa privada“, consideró.
“Es entendible y loable buscar el déficit cero, pero no ejecutar obras ya contratadas con financiamiento internacional, no sólo no baja el déficit, sino que lo sube, ya que se deben pagar cargos adicionales por no cumplir los términos de los créditos acordados y fundamentalmente, tienen un impacto social negativo muy grande que no puede ser desatendido por el Estado“, finalizó.
Además de Cobos, Verasay y Nieri, también firmaron el proyecto Rodrigo De Loredo -presidente del bloque en l aCámara Baja-, Roberto Sánchez, Mario Barletta, Gerardo Cipolino, Natalia Sarapura, Marcela Antola, Manuel Aguirre y Marcela Coli.
Fuente: El Sol