La Sala Administrativa de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza resolvió acelerar la disposición final de miles de vehículos judicializados que se encuentran alojados, y en muchos casos deteriorándose, en las distintas Playas de Secuestros Vehiculares de la provincia.
La medida, plasmada en una nueva Acordada del máximo tribunal publicado este miércoles en el Boletín Oficial, tiene como objetivo principal liberar los depósitos colapsados y mitigar los graves problemas ambientales y de seguridad que generan estos vehículos acumulados, algunos con más de veinte años de antigüedad.
Decomiso de pleno derecho para más de 8.500 vehículos
La decisión revela que el Ministerio de Justicia y Seguridad remitió un listado que asciende a 8.596 vehículos de procedencia judicial (sin contar otros 3.180 de las Distritales) que llevan más de dos (2) años desde su secuestro, superando el plazo estipulado por la ley.
La Corte autoriza un mecanismo de decomiso de pleno derecho para estos vehículos, a menos que el magistrado interviniente en cada caso se oponga expresamente y de forma fundada.
La resolución establece que los Tribunales y Fiscalías involucradas serán notificadas por correo electrónico para que se expidan sobre el decomiso. Si en un plazo de tres (3) días hábiles de recibida la notificación no se dispone lo contrario mediante auto fundado, el decomiso se producirá automáticamente.
Emergencia ambiental y colapso de depósitos
La Suprema Corte justificó la urgencia de esta medida citando múltiples problemas:
- Saturación y colapso: la acumulación indefinida ha colapsado las playas, afectando el orden y el control administrativo.
- Riesgo ambiental: los rodados a la intemperie se convierten en un potencial foco de contaminación de napas y suelo debido a la pérdida de fluidos, incumpliendo el artículo 41 de la Constitución Nacional.
- Peligro de incendios: se recordó que la acumulación de combustibles, plásticos y alimañas ha provocado incendios de público conocimiento, como los ocurridos en las playas San Agustín y Vignaud.
El camino hacia la compactación
Una vez decomisados, la disponibilidad de estos bienes queda bajo la órbita de decisión de la Suprema Corte de Justicia, que puede ordenar su destrucción, remate o donación.
La Acordada menciona explícitamente la posibilidad de que el Poder Judicial se sume al Programa Mendoza Compacta (PRO.ME.COM.), creado por Ley N° 9359, que ya tiene una UTE adjudicataria para los procesos de descontaminación, desguace y destrucción de vehículos retenidos por otras normativas. Esto abriría el camino para que los vehículos decomisados por la Justicia sean finalmente compactados.
Fuente: El Sol – https://www.elsol.com.ar/mendoza/colapso-de-playas-judiciales-la-corte-ordeno-el-decomiso-de-mas-de-8-mil-vehiculos-secuestrados/
