El silencio del campo después de la tormenta fue tan impactante como el propio fenómeno. En Colonia Española, el agua no solo avanzó: se quedó. Cubrió hectáreas productivas, arrastró sedimentos y transformó por completo el paisaje de una zona acostumbrada al trabajo rural.
Entre el 19 y el 21 de abril de 2021, una lluvia excepcional desbordó el zanjón La Hedionda y terminó inundando cientos de hectáreas. Allí, donde antes había cultivos y animales, quedó una capa de barro de hasta casi un metro de altura.
El resultado fue devastador: tierras anegadas, infraestructura dañada y una producción que, según los informes, quedó prácticamente inutilizada.
Ese episodio marcó el inicio de un conflicto judicial que, cinco años después, sigue abierto. La empresa propietaria del predio, Ardero Alimenticia S.A., reclamó una indemnización millonaria al Estado provincial al considerar que el desastre podría haberse evitado con obras y mantenimiento adecuados en el cauce.
REDUCCIÓN DEL MONTO
En una primera instancia, la Justicia le dio la razón y fijó una compensación cercana a los $1.200 millones. Sin embargo, el caso dio un giro en las últimas semanas. La Segunda Cámara de Apelaciones revisó la sentencia y redujo el monto a poco más de $152 millones, al entender que la tormenta tuvo características extraordinarias y que no toda la responsabilidad podía recaer sobre el Estado.
El fallo introduce una mirada más amplia del contexto: reconoce falencias en el mantenimiento, pero también pone el foco en la magnitud del fenómeno climático, con lluvias que triplicaron los registros habituales y que no tenían antecedentes en décadas en la zona. En ese equilibrio, la Cámara estableció una responsabilidad compartida.
Pero más allá de los números, el caso refleja el impacto profundo que pueden tener estos eventos en zonas productivas del sur mendocino. La finca afectada quedó convertida en una especie de “depósito natural” de sedimentos, donde retomar la actividad agrícola resulta, en los hechos, inviable.
La historia no termina ahí. Ninguna de las partes quedó conforme con el fallo. Mientras el Gobierno provincial busca desligarse completamente de la responsabilidad, la empresa insiste en que existían antecedentes de problemas en el cauce que no fueron atendidos a tiempo.
EL DETRÁS DE ESCENA
Detrás del reclamo está Ardero Alimenticia S.A., una firma con sede en Buenos Aires vinculada a la actividad agropecuaria, con desarrollo en la cría de animales y la producción de frutales en un predio de unas 100 hectáreas
La finca “El Puma”, epicentro del conflicto, era parte de ese entramado agrícola que combina inversión, trabajo y ciclos productivos largos. Ese perfil productivo, sin embargo, también lo consideró la Cámara al momento de revisar las cifras reclamadas, al incorporar informes que daban cuenta de una rentabilidad limitada en la explotación.
Con posiciones enfrentadas y un debate que combina factores climáticos, responsabilidades estatales y criterios técnicos, la definición final quedará ahora en manos del máximo tribunal provincial.
Ahora será la Suprema Corte de Justicia la que tenga la última palabra en un caso que mezcla clima, territorio y responsabilidad estatal, y que vuelve a poner en agenda la fragilidad de las zonas productivas frente a fenómenos extremos.
